La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y el primer teniente alcalde de Turismo, Pedro García, culparon ayer a la ley de contratos y a la empresa adjudicataria, respectivamente, del bajo salario que perciben los controladores de patios, aunque ninguno de los dos hizo autocrítica sobre la adjudicación del servicio realizada por el Ayuntamiento. Ambrosio puso el acento en la intención del Ayuntamiento de mejorar la asignación del personal elevando a 14 euros/hora la cifra prevista para este servicio, si bien achacó a los límites que establece la ley de contratos, que obliga a elegir siempre la oferta más barata. Acto seguido, se sumó a la propuesta de González de cambiar la categoría profesional de los controladores, una opción viable que hasta el momento no se había puesto encima de la mesa.
Por su parte, Pedro García cargó las tintas contra la empresa adjudicataria, Uniges 3, señalando que es «una absoluta vergüenza» que el Consistorio contrate a una empresa privada y que esa empresa «no cumpla con el convenio colectivo», algo que la empresa niega «porque el controlador está fuera de convenio». La propia concejala del ramo, Carmen González, ha aclarado ya que efectivamente es así, ya que la figura de controlador no está recogida en convenio, por lo que las empresas pueden, dentro de la legalidad, pagar en base al salario mínimo interprofesional. En cualquier caso, García recalcó que «las empresas que hacen eso no deberían trabajar nunca más para el Ayuntamiento», y abogó por «buscar medidas», sin concretar más, para que esto no vuelva a ocurrir.
