El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado hoy que no habrá ningún problema con las ordenanzas fiscales de 2020, después de que el PSOE las pusiera en duda ayer y advirtiera de que podrían ser declaradas "nulas de pleno derecho". El regidor popular ha acudido en un primer momento a la crítica política para hacer frente a las tesis socialistas al asegurar que el problema de fondo es que "el PSOE no acepta que no ganó las elecciones ni que bajemos impuestos". Por eso, según Bellido, está buscándole "las cosquillas" al expediente de impuestos y tasas municipales para que "al final la gente pague más impuestos". En esta línea, el alcalde ha llegado a decir que entendería los intentos del PSOE si lo que se hubiera aprobado fuera una subida fiscal "tremenda", pero que lo que no puede comprender es que se trate de tumbar un expediente que no sube impuestos.

En un plano más técnico, el alcalde ha reconocido que trabajan estos días para solucionar los problemas surgidos a raíz de que se hayan registrado 15 alegaciones que no fueron resueltas por el Pleno de ordenanzas, ya que llegaron después de su celebración. El equipo de gobierno ha recurrido al consejo de reclamaciones económicas y administrativas (CREA) para solventar las dudas jurídicas, mientras que el PSOE ha pedido un informe al secretario general del Pleno.

Además, Bellido ha empleado dos argumentos para explicar por qué no se incluyeron las 15 alegaciones: por un lado, porque es imposible para el Ayuntamiento controlar todos los registros, ha dicho, ya que éstas se podrían registrar "incluso en cualquier embajada de España". Y por otro lado, ha asegurado que aunque se les dará respuesta a las personas que las han presentado, son "exactamente iguales" a las que PSOE e IU presentaron como enmiendas en la aprobación inicial de las ordenanzas, por lo que considera que ya fueron resueltas. Respecto al informe de Intervención, que no se incluyó en la aprobación definitiva de las ordenanzas, Bellido ha asegurado que no es prescriptivo ya que se presentó en la aprobación inicial de las tasas e impuestos municipales y que no se han producido cambios en el expediente, por lo que no era necesaria una segunda fiscalización.