Casi tres años sin licencia, una larga lista de reclamaciones de los vecinos y un expediente sancionador abierto que, de momento, no se ha traducido en ninguna sanción. Vecinos de la Judería llevan años presentando quejas contra un negocio de hostelería ubicado en la calle Don Rodrigo 7 al que acusan de funcionar sin licencia, incumplir la normativa en cuanto a extracción de humos y de las molestias por los conciertos que organiza en su patio. Las quejas han llegado hasta El Defensor del Pueblo, que ha instado al menos en dos ocasiones a Urbanismo a regularizar la situación.

Según Urbanismo, que ha abierto expediente sancionador por el ruido del que se quejan los vecinos, el establecimiento presentó la solicitud de licencia de actividad y de obras en junio del 2016 y achaca la demora del procedimiento a cuestiones personales de los solicitantes que habrían obligado a reiniciar el proceso en varias ocasiones.

La dueña del local, por su parte, asegura que su situación es la misma que sufren otros muchos otros negocios de la ciudad y que achaca a la lentitud con la que Urbanismo tramita las licencias de obras y las licencias de actividad. Según la propietaria, la licencia se solicitó originariamente a nombre de dos personas, lo cual no debería paralizar la tramitación de una licencia sin la cual, asegura, no puede realizar las obras para colocar la chimenea a ocho metros y solucionar el problema de humo del que se quejan los vecinos. En cuanto al ruido, recuerda a Urbanismo que en el mes de julio de este año se publicó un decreto modificando la ley de espectáculos públicos que permite en Andalucía que se organicen conciertos en pequeños formatos en terrazas y veladores durante cuatro meses al año, norma a la que se acoge celebrar estas actividades. «Se trata de una norma de rango superior», afirma, «yo no tengo la culpa de que Urbanismo no se actualice».

El grupo de vecinos afectado, una parte del bloque contiguo al local, y la propietaria aseguran cada uno por su parte que llegar a una solución negociada es «inviable», por lo que las llamadas a la Policía Local se siguen sucediendo en base a un expediente sancionador que, según Urbanismo, también está abierto. ¿Será el 2019 el año de resolver el conflicto?