El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, el cordobés Jesús María Ruiz, alertó ayer de que la decisión del Gobierno central de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos en Andalucía «pone en riesgo los empleos de más de 7.000 personas».

Así lo expresó en una rueda de prensa en Almería en la que Ruiz ha remarcado que fue el Parlamento de Andalucía, «órgano de soberanía de todos los andaluces», el que aprobó la recuperación de las 35 horas semanales, con la abstención del PP-A, y al respecto ha tachado el recurso anunciado por el Gobierno de «atropello a los derechos de los empleados públicos, más de 250.000» en la comunidad autónoma, que son quienes, según ha enfatizado, «sostienen con su trabajo y su esfuerzo los servicios públicos esenciales».

Ruiz defendió que desde Andalucía se han ido dando «pasos adelante» y «tomando la iniciativa en la recuperación de derechos de empleados públicos», siendo la última medida en esa línea la de la recuperación de la jornada de 35 horas, «hace apenas nueve meses», que «no sólo es un derecho de los empleados públicos y sus familias, sino que ha permitido contratar en torno a 7.000 personas en el conjunto de servicios públicos, fundamentalmente salud», según ha apuntado el representante socialista, que ha añadido que «ahora está prevista la contratación de en torno a 2.400 personas en el área de educación».

CASTIGO / El parlamentario socialista ha insistido en que «el PP, con esta medida, castiga a los empleados públicos, a Andalucía, y a los servicios públicos, y pone en riesgo el empleo de esas más de 7.000 personas que ya estaban contratadas».

Para Ruiz, «el PP ya ha demostrado ampliamente que no está en favor de los empleados públicos, porque no está por los servicios públicos, por que el Estado tenga un papel garante de los servicios públicos, los derechos básicos y el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos».

Por eso, según ha añadido, “el PP, con la excusa de la crisis, usó a los empleados públicos para castigarlos, aumentarle la jornada, cercenar sus derechos y debilitar sus servicios públicos».