Los peritos de la Dirección General de Seguros confirmaron ayer ante la jueza instructora del caso ERE, María Núñez, que las comisiones cobradas por mediadoras en la tramitación de los ERE subvencionados por la Junta superaron la media si bien la ley no limita el porcentaje que pueden cobrar. Los peritos declararon como testigos en el marco de la pieza que investiga a responsables de sindicatos, aseguradoras, mediadores por el cobro de sobrecomisiones en la tramitación de las prejubilaciones subvencionadas con ayudas de la Junta y que la Dirección de Seguros del Ministerio de Empleo cifró en 66 millones en un informe enviado en el 2014 a la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, que posteriormente Núñez les pidió ampliar. Los peritos de la Dirección de Seguros señalaron en su primer informe que las comisiones pagadas en los ERE subvencionados por la Junta eran superiores a la comisión de referencia en estos trámites, que situaron en un 2 % entre el 2001 y el 2011 (el periodo investigado en el caso ERE) y Núñez les pidió que ampliaran su informe para detallar cómo habían calculado que esa era la comisión media. En ese informe ampliado, los peritos aportaron comparativas de lo cobrado por cuatro aseguradoras y tres mediadoras en ERE sin financiación pública, con subvenciones públicas de distintas administraciones y los que recibieron ayudas de la Junta y concluyeron que en algunos casos las mismas mediadoras cobraron un 80, un 90 y hasta un 550% más por su labor en ERE subvencionados por la Junta que en otros. También señalaban que «el importe de las comisiones de mediadores no está tasado por ley» y «es el mercado libre el que fija los precios». En la sesión de ratificaron ese informe y confirmaron que las comisiones de los ERE superaban la media y ello perjudicaba al tomador, los trabajadores prejubilados.
