El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció ayer que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana la ampliación a 24 meses de la tarifa plana reducida de 50 euros para los autónomos y una tasa superreducida para mujeres y jóvenes en los ámbitos rurales. Moreno hacía este anuncio, que tildó de «gran noticia», durante la sesión parlamentaria de control al gobierno, en la que respondió a una pregunta de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, sobre sus prioridades como presidente de la Junta.

Al inicio de su intervención, la expresidenta andaluza le mostraba a Moreno su «respeto institucional» y aseguraba que no le va a escuchar como portavoz socialista cuestionar la «legitimidad» de su presidencia y de su gobierno. «No es ilegítimo ni okupa», le dijo, para diferenciarse de los calificativos de presidente del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo que aseguraba que el PSOE-A ejercerá una oposición «responsable, leal con Andalucía, exigente y constructiva». Sobre sus prioridades, Moreno señaló que son tres: la regeneración de la vida publica, mejorar la calidad de los servicios públicos esenciales y la creación de empleo, informa Efe.

Ante las críticas de Díaz, Moreno le recordaba que si hubiera agotado la legislatura habría en estos momentos unos presupuestos, y le dijo: «Usted buscó el interés particular de los socialistas y ahora quiere que se hagan a la bulla y corriendo». Considera el presidente que Susana Díaz tiene que asumir todavía el nuevo papel de oposición y le llegó a recomendar que le «eche un vistazo» al libro Manual de Resistencia, de Pedro Sánchez, porque cree que «le va a hacer falta en estos cuatro años». A modo de resumen de las intenciones de su gobierno, Moreno prometió: «Ni un paso atrás en los derechos de los andaluces». El presidente de la Junta también anunció que su gobierno prepara un decreto-ley para centralizar la dirección y evaluación de todas las entidades dispersas de la denominada «administración paralela», así como también una ley de despolitización de la Junta que garantice «la profesionalidad, imparcialidad y honestidad de los trabajadores públicos de nuestras instituciones». También mencionó la elaboración de una ley de evaluación de políticas públicas «inédita» en Andalucía, una ley de subvenciones, y garantizar la independencia de la Intervención General de la Junta.