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disputa legislativa entre gobiernos

Las leyes sobre cambio climático y audiovisual pueden acabar en el TC

Grupos de trabajo designados por el ejecutivo de Díaz buscan una solución. Moncloa discrepa sobre varios de los artículos de las dos normas andaluzas

 

Agencias
11/02/2019

El Gobierno de la Nación ha expresado «discrepancias» sobre diversos artículos de la ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, así como de la ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, y ha acordado con la Junta «iniciar negociaciones» y designar varios grupos de trabajo que propongan una solución para cada caso, informa Europa Press.

En concreto, Moncloa ha mostrado «discrepancias» sobre los artículos 3, 8, 10, 11, 16, 30, 35, 36, 41, 42 y 43 de la ley frente al cambio climático, y sobre los artículos 78.4, 82 y las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley Audiovisual de Andalucía. Ambas normas fueron aprobadas en el Pleno del Parlamento autonómico el 26 de septiembre del pasado año, por unanimidad en el primer caso y con la única abstención del PP-A en el segundo.

La creación del referido grupo de trabajo entre ambas administraciones a propósito de la Ley de medidas frente al cambio climático se acordó el pasado día 26 de diciembre, con el Gobierno andaluz en funciones y dirigido todavía por Susana Díaz, según recoge una resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, consultada por Europa Press y firmada por la titular de dicho departamento, Meritxell Batet, y por el entonces vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática en funciones, Manuel Jiménez Barrios. El acuerdo para la creación del grupo de trabajo a propósito de la Ley Audiovisual de Andalucía se alcanzó el 8 de enero, con la firma igualmente por Meritxell Batet y Jiménez Barrios.

La creación de los referidos grupos de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre dichos apartados de la norma en los que mantienen «discrepancias». En los artículos de la Ley frente al cambio climático cuestionados por el Gobierno central se abordan, entre otras cuestiones, el ámbito de aplicación de la normativa, el objeto y la naturaleza jurídica del Plan Andaluz de Acción por el Clima, el Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética, la contratación pública «verde», medidas de mitigación «de aplicación transversal» y «específicas por áreas estratégicas».

Sobre la Ley Audiovisual, el Gobierno expresa discrepancias en el artículo sobre la puesta en marcha del «mecanismo de protección activa del espectro radioeléctrico, comunicándolo a la Administración General del Estado para que ejerza sus competencias según lo establecido en la legislación básica de telecomunicaciones» También, sobre el artículo 82, que determina que «se establecerán mecanismos de colaboración con las administraciones competentes en materia urbanística, medioambiental, de salud pública, de telecomunicaciones y laboral con el objetivo de que la información recabada por la inspección de servicios de comunicación audiovisual, respecto a infraestructuras de telecomunicaciones que pudieran estar infringiendo la legislación vigente en alguna de las materias expuestas sea puesta a disposición de la autoridad competente para que adopte las medidas oportunas para restablecer la legalidad».