La Junta de Andalucía deberá abonar globalmente 762 millones de euros para el cumplimiento de sentencias judiciales, ya que a los 548 millones correspondientes al periodo del 2016 al 2018 hay que hacer frente a otros 214 millones en próximos ejercicios, lo que «condicionará» las cuentas públicas. Estos datos fueron ofrecidos ayer por el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento para informar, a petición del PP, sobre el cumplimiento y el número de sentencias judiciales cuyo fallo ha sido desfavorable para la Junta.
De los 214 millones de euros a los que habrá que hacer frente en próximos ejercicios, 167 millones corresponden al contencioso del Metro de Sevilla, ya que cada mes que pasa la cifra se incrementa en 300.000 euros debido a los intereses generados, según explicó Bendodo. «Los errores políticos tienen consecuencias», lamentó el consejero, que incidió en que la obra del metro «se fue a más del doble de lo presupuestado».
Además, la Junta tendrá que abonar más de 30 millones por sentencias que afectan a la anterior Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y otros catorce millones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a lo que hay que sumar otras cantidades de menor cuantía que afectan a distintos departamentos.
Respecto a las sentencias ya abonadas por la Junta, el consejero citó las del caso Nevada (165 millones); centros sanitarios Pascual (21 millones) y Red Eléctrica (57 millones), entre otras. Desde el 2014 se han contabilizado más de 60.0000 expedientes sobre procesos relacionados con casos de posible responsabilidad patrimonial de la administración, expedientes sancionadores, impugnaciones de resoluciones o justiprecios. Estos procedimientos judiciales pueden acabar determinando un gasto, según Bendodo.
