La Junta ha tenido que pagar al menos 548 millones de euros entre los ejercicios 2016 y 2018 para el cumplimiento de sentencias judiciales, según informó ayer en el Parlamento el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo. El consejero desveló este dato, facilitado por la Intervención General de la Junta, en una comparecencia parlamentaria en la que precisó que esta cuantía se refiere a una parte de las sentencias pagadas por consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial de la Junta, por lo que no incluye las abonadas por las demás entidades instrumentales autonómicas. La Junta carece de un registro centralizado y unificado que permita determinar el total del importe pagado hasta la fecha para el cumplimiento de sentencias judiciales.
