El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, en el que se detallan los objetivos, estrategias y acciones en la materia, con un presupuesto de 11 millones de euros, de los que más del 50% serán para la recuperación de fosas comunes y la identificación de ADN. El plan, que viene establecido por la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada sin ningún voto contrario por el Parlamento andaluz en abril de 2017, se centrará en los trabajos de localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de lugares, y recuperación de documentos y testimonios orales.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, subrayó en rueda de prensa que el compromiso del Gobierno andaluz con las víctimas y los derechos humanos es «total», y destacó el trabajo «riguroso» realizado para la elaboración de este plan integral, que ha contado con las aportaciones de más cien grupos memorialistas y de las universidades, entre otras entidades. El documento aprobado tiene como principal objetivo garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los «principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición», resaltó Jiménez Barrios. El plan cuenta con un presupuesto de casi 11 millones de euros para las políticas gestionadas directamente por la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, y más de la mitad de la dotación se dirige a intervenciones en fosas comunes e identificación genética con un banco de ADN. Ello supondrá duplicar su actual dotación anual, sin contar con las partidas específicas que aportarán otras consejerías de la Junta.
TRES OBJETIVOS / La nueva estrategia tiene tres objetivos fundamentales: impulsar la cooperación y coordinación entre las administraciones, las entidades memorialistas y la ciudadanía; articular las acciones para el reconocimiento institucional y la reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y contribuir a la mejora del conocimiento y difusión científica de los hechos, asegurando la preservación de los documentos y favoreciendo la investigación. Para cumplir estos fines, el documento recoge medidas de impulso a los trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; aprobación y conservación de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía, y de investigación y recuperación de documentos y testimonios orales.
CONSENSO / Otras medidas se dirigen a la adquisición y copia de material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, y suscripción de convenios; al fomento y colaboración con las entidades memorialistas; cooperación entre administraciones; participación ciudadana, y desarrollo de proyectos e iniciativas de investigación y divulgación, entre otras.
El plan incluye las aportaciones de más de el centenar de entidades memorialistas citado, de las consejerías de la Junta, las universidades andaluzas, las distintas diputaciones provinciales, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria. Todo ello junto a las aportaciones de los técnicos en la materia.
El vicepresidente de la Junta ha destacado también que el plan profundiza en los valores de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de la paz e igualdad de hombres y mujeres. Según los estudios realizados, se calcula que la cifra de desaparecidos en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura se eleva a unas 60.000 personas.
