La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tiene previsto revisar y actualizar el protocolo de acoso escolar para adaptarlo «a una sociedad que ha cambiado y en la que se producen nuevas circunstancias». La cartera que dirige Francisco Javier Imbroda tiene previsto potenciar y relanzar la figura del Observatorio Andaluz de la Convivencia Escolar, como anunció el consejero ante el Parlamento el pasado mes de mayo. Dicho Observatorio se creó en el año 2007 y, desde esa fecha, su consejo rector solo se ha reunido dos veces, en el 2012 y en el 2016. El objetivo ahora es conseguir que se convoquen dos reuniones anuales «como indica el artículo 57.2» y que el Observatorio cuente con «líneas de actuación definidas» y que se creen comisiones encargadas de realizar propuestas de mejora y seguimiento de las actuaciones de la Consejería en el ámbito de la erradicación del acoso escolar.
TELÉFONO GRATUITO / Según han expuesto fuentes del actual equipo de la Consejería de Educación, «el Gobierno anterior hizo algunas cosas positivas» en la lucha contra el acoso escolar que no se van a desechar como, por ejemplo, la atención a la comunidad escolar ante los casos de acoso mediante el portal de convivencia, la puesta en marcha de un teléfono gratuito (el número 900 018018 está disponible durante las 24 horas del día y los 365 días del año) y un buzón de correo electrónico (convivenciaescolar.ced@juntadeandalucia.es). «No hay duda de que todo lo que ha hecho correctamente el equipo anterior se va a mantener», recalcan.
NÚMERO DE CASOS ESTABLE / Aunque Educación no aporta el número de veces que se ha activado el protocolo antiacoso en los centros escolares, afirma que «los datos fríos arrojan que hay una tendencia a la estabilización de los casos de acoso e incluso en algunas provincias se registra una ligera tendencia descendente». Pese a ello, el equipo de Imbroda afirma que «esos datos no bastan porque detrás de cada caso hay un menor que sufre y no lo podemos permitir». Lo que sí se conocen son los datos de denuncias registradas. Según la información por comunidades facilitada por el Gobierno central el pasado mes de enero, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales contabilizaron en Andalucía 1.447 casos de acoso escolar entre 2012 y 2017, aunque la cifra se habría consolidado en torno a los 260 casos anuales desde el 2015. En este periodo, Córdoba contabilizó 99 denuncias por bullying en seis años, por delante solo de Huelva y Jaén.
El marco normativo actual cuenta con un protocolo contra el acoso escolar que entró en vigor en el año 2011 y existen además unas instrucciones del 2017 para situaciones de ciberacoso. En base a ambas normas están constituidos los equipos provinciales de seguimiento del acoso y ciberacoso. Las propuestas de mejora de la Junta incluyen la redacción de un paquete de instrucciones que sirvan «para regular y coordinar el funcionamiento de los equipos provinciales de seguimiento del acoso escolar, para que las distintas delegaciones actúen de forma coordinada porque entendemos que no basta con crear los equipos, como hizo la Administración anterior, sino que tienen que ser más eficientes».
CONSULTA A LOS CENTROS / En este momento se está llevando a cabo «la revisión del plan de convivencia, para lo cual se están celebrando reuniones con responsables de consejerías de Educación de otras comunidades como la de Castilla y León» y «en breve se abrirá una consulta a los centros y al resto de la comunidad educativa», para recoger sus impresiones, «que serán tenidas muy en cuenta».
Asimismo, está previsto desarrollar un programa de prevención e intervención sobre los ejes de «sensibilización, formación, prevención, detección temprana y medidas eficaces con implicación de toda la medida educativa», una línea en la que se enmarca un vídeo institucional que se publicó coincidiendo con el Día Internacional contra el Bullying (2 de mayo).
Por último, la Consejería de Educación están elaborando instrucciones para la revisión de los reglamentos de organización y funcionamiento de los centros educativos de manera que se consideren más graves las faltas de respeto hacia el profesorado, las que aludan al género, a la orientación sexual, así como los comportamientos considerados como acoso escolar.
