Jueces y fiscales consideran "patente la lentitud del sistema judicial español", que no se puede paliar "sin los medios humanos y materiales necesarios y que repercute en el desprestigio de la Justicia en España".

Inversión: Exigen que se destinen "los aportes presupuestarios necesarios para convertirla en una Administración eficaz al servicio del ciudadano. En el contexto económico actual, es necesario priorizar servicios públicos esenciales como la Justicia, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho".

Oposiciones: rechazo a la congelación de convocatorias. España sigue teniendo una ratio de jueces por habitante de las más bajas de Europa.

Medidas urgentes de apoyo: "Deben garantizarse mecanismos ágiles de apoyo en los juzgados sobrecargados, así como en aquellos órganos que conocen de asuntos especialmente complejos o de gran trascendencia social".

Recortes salariales: "Rechazamos el desdén gubernamental a la labor desempeñada por todos los funcionarios a cuyo cargo se encuentran servicios públicos esenciales (sanidad, educación, justicia, seguridad), así como a la campaña de desprestigio de su trabajo".