El nuevo estatuto orgánico en el que trabaja el Ministerio de Justicia cuenta desde ayer oficialmente con el rechazo de jueces y fiscales ante una reforma que "atrofia" la capacidad constitucional del Poder Judicial, cuyos órganos de gobierno están sometidos a "control político". Jueces y fiscales de Córdoba acordaron un largo manifiesto en el que los primeros señalan que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ha asumido en la negociación con el Ministerio de Justicia unas prerrogativas que deben contar, en todo caso, con las asociaciones" profesionales.

Ambos colectivos enuncian una serie de reclamaciones y proponen "el cumplimiento estricto" del horario laboral, "establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene" y convocar "una concentración de toda la carrera judicial y fiscal".

Si la reforma no se paraliza, "ya que atenta a la independencia de los jueces y a la autonomía de los fiscales y sigue sin abrirse una vía de negociación, seguiremos adoptando medidas de presión concretas, sin descartar paros parciales y huelga".

Los jueces, magistrados y fiscales hacen patente su malestar "debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios personales y materiales necesarios, cuando, en realidad, no hay inversión más social que la que se efectúa en justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos".

Estos profesionales reclaman el mantenimiento de un estatuto "que contemple la singularidad de nuestra función y en el que no se limiten ni nuestras funciones ni nuestros derechos". También demandan "reformas legislativas que mitiguen el actual colapso judicial y compensen las dificultades presupuestarias para la modernización de la Administración de Justicia", y "la convocatoria de oposiciones para cubrir aquellas plazas de juez y fiscal ya presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos y que han resultado vacantes". En octubre habrá otra reunión para analizar la situación y concretar "en su caso" medidas y actos de protesta.