"En gastos de funcionamiento ya hemos rascado mucho y queda poco que rascar", aseguraba ayer el rector de la UCO, José Manuel Roldán Nogueras, tras aprobar las directrices que regirán la adaptación de la Universidad a las necesidades presupuestarias actuales y a las exigencias anunciadas tanto por el Gobierno como por la Junta. Ahora toca "aplicar medidas estructurales y ajustar la plantilla donde haya exceso", señaló. Una filosofía compartida por el decano de la facultad de Derecho, Miguel Agudo, para quien no va a quedar más remedio que rebajar la masa salarial de la Universidad actuando sobre conceptos como "el número de trabajadores, los sueldos y la estructura universitaria". Todo ello, partiendo de una premisa irrenunciable: "Que las enseñanzas que se imparten sigan siendo de calidad y que los recortes no vayan en detrimento de la investigación". Y es que, en su opinión, "garantizar la existencia de una universidad pública, que sea a la vez competitiva y de libre acceso, es también garantía de cohesión social".

La incertidumbre y la sensación de vivir un momento crítico parecía impregnarlo todo ayer en los estamentos que componen la comunidad universitaria. Y es que la Junta aún tiene que concretar y negociar con las universidades qué margen de maniobra existe para aplicar ciertas medidas como la subida de tasas, el aumento de la dedicación docente o la rebaja de los sueldos. En el consejo de estudiantes (CEU), las prioridades venían marcadas por garantizar el acceso a los estudios superiores de cualquier alumno independientemente de sus recursos. "Rechazamos de plano el aumento de las tasas", recalcaba ayer Juan Miguel Almansa, presidente del CEU, que considera razonable reducir cualquier gasto superfluo y recortar departamentos o número de profesores asociados, con tal de no tocar las tasas o la ratio en las aulas. Mientras tanto, los estudiantes ya han decidido sumarse a la jornada de huelga convocada por los sindicatos para el próximo día 22 de mayo.

En el ámbito del PAS, donde la preocupación y la incertidumbre también marcaron la jornada de ayer, Diego Cabello, presidente de la Junta de Personal de Administración y Servicios, subrayaba el ánimo negociador planteado por el equipo rectoral e insistía en la necesidad de que "todas las medidas que se aprueben a partir de ahora repartan el sacrificio entre todos los colectivos que integran la Universidad, sin afectar exclusivamente a un sector determinado".