China condena a pena de muerte suspendida a un activista australiano

El escritor, académico y activista prodemocrático Yang Hengjun, australiano de origen chino, ha sido condenado esta mañana en China a la pena de muerte suspendida tras un proceso turbio incluso para los estándares nacionales. La sentencia sobre las acusaciones de espionaje ha sido desvelada por el Gobierno australiano cinco años después de su detención y tres después del juicio.

La pena de muerte en suspensión, figura jurídica habitual en China, permite la conmutación por la cadena perpetua tras dos años de buen comportamiento. De "desgarradora" y "espantosa" la ha calificado la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong. En una rueda de prensa ha desvelado que ha pedido al embajador chino en Canberra, Xiao Qian, explicaciones sobre el fallo. "Todos los australianos queremos ver al doctor Yang de nuevo con su familia" ha añadido Wong. También ha recordado que su Gobierno ha pedido con terquedad la liberación al chino y exigido "estándares básicos de justicia, equidad procesal y trato humano" para su compatriota.

Yang había trabajado en el Ministerio de Exteriores chinos antes de trasladarse a Australia y conseguir su nacionalidad. Ha publicado sus novelas bajo el nombre de 'Wei Shi' y desde su cuenta de X (antiguo Twitter), con cerca de 130.000 seguidores, pedía reformas democráticas en China. En los últimos años vivía en Estados Unidos y ejercía de académico en la Universidad de Columbia.

Detenido en un lugar ignoto

Yang fue detenido tras aterrizar junto a su esposa e hijo en el aeropuerto de Guangzhou (provincia sureña de Guangdong) en 2019 y sometido al procedimiento habitual. Primero, el sistema conocido como "vigilancia domiciliaria en una ubicación designada": una detención en un lugar ignoto sin comunicaciones con el exterior ni asistencia legal e interrogatorios con escaso tacto. Y en julio, cuando la fiscalía aceptó el caso, el traslado a un centro de detención de la capital con apenas una reunión mensual de media hora con representantes consulares.

Pekín desveló entonces que se le acusaba de "actividades criminales que ponen en peligro la seguridad nacional". Ni entonces ni ahora ha concretado en qué consisten pero la severidad de la sentencia apunta al espionaje. También se desconoce a favor de qué país habría actuado Yang. El activista, de 58 años, fue juzgado dos años después de aquella detención a puerta cerrada y sin la presencia de funcionarios australianos, precauciones habituales en procesos relacionados con la seguridad nacional. Sus familiares han alertado de su salud declinante y, especialmente, del gran quiste detectado en su riñón.

Golpe al deshielo diplomático

La sentencia es un golpe inesperado al deshielo diplomático y comercial chino-australiano. Los vínculos habían quedado arruinados durante el Gobierno conservador tras la exclusión del gigante tecnológico Huawei de las redes nacionales, las leyes contra lo que Canberra percibía como intrusiones chinas y la exigencia de explicaciones sobre el origen de la pandemia.

La subida al poder el pasado año de Anthony Albanese cambió la corriente. El líder laborista recuperó el diálogo y se reunió con Xi Jinping en un histórico viaje a Pekín el pasado año. China levantó algunos aranceles y liberó meses atrás a la periodista sino-australiana Cheng Lei, detenida en 2020. La inercia sugería que también Yang sería beneficiado por el contexto político. La sentencia fortalece a los que critican la estrategia gubernamental.

También las organizaciones de derechos humanos han condenado el fallo. "Después de años de detención arbitraria, alegaciones de tortura, un juicio a puerta cerrada y sin acceso a los abogados de su elección, una sentencia tan dura como esta es alarmante", ha afirmado Daniela Gavshon, directora de Human Rights Watch.