Estados Unidos ha vuelto a los tribunales británicos para lograr la extradición de Julian Assange, actualmente encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres. Los abogados que representan a las autoridades de Washington intentan revocar la decisión que bloquea la demanda y han presentado una nueva oferta de compromiso sobre el futuro trato que recibiría el fundador de Wikileaks.

En la primera de las dos jornadas que durará el proceso en el Tribunal Superior de la capital británica, los letrados mostraron un documento legal según el cual EEUU se compromete a no imponer a Assange confinamiento en solitario antes y después del juicio al otro lado del Atlántico. El condenado podrá solicitar cumplir la pena que se le imponga en su país de origen, Australia que al igual que EEUU aceptará la petición. Las autoridades carcelarias se asegurarán de que recibirá “el tratamiento clínico y psicológico” que recomienden los médicos de la prisión. Por último, se garantiza que Assange no será enviado a ADX Florence, la cárcel de aislamiento donde se hallan los condenados más peligrosos.

Informe psiquiátrico cuestionado

La nueva vista tiene lugar después de que la magistrada británica Vanessa Baraitser se opusiera en enero a la petición de extradición dado el mal estado de salud mental y el riesgo de suicidio del fundador de WikiLeaks. El letrado James Lewis, en representación de EEUU, señaló al juez Timothy Holroyde que la sentencia es errónea. Lewis cuestiona la fiabilidad del informe del experto, el psiquiatra Michael Kopelman, que testificó en favor de Assange. Kopelman reconoció haber ocultado a la justicia el hecho de que el australiano había sido padre de dos hijos con la abogada Stella Moris, durante su encierro en la embajada de Ecuador en la capital británica. Este jueves los abogados de la defensa justificarán la omisión por razones de seguridad. El pasado mes una investigación de Yahoo News desveló, sin que se haya podido verificar, que EEUU estuvo sopesando la posibilidad de secuestrar o asesinar a Assange.

La defensa volverá a pedir el cierre del caso y la puesta en libertad inmediata del recluso, víctima de una conspiración para castigarle por exponer al mundo los crímenes cometidos por EEUU. Lo hizo cuando ejercía su cometido como periodista, al publicar cientos de miles de documentos secretos y altamente comprometedores sobre las actividades militares de EEUU y las fuerzas aliadas en Afganistán e Irak. La sentencia de la jueza Baraitser daba sin embargo la razón a los argumentos esgrimidos por Washington e indicaba que según las normas de aquel país lo hecho por WikiLeaks podía ser constitutivo de un delito contra las leyes que protegen a los servicios secretos y la seguridad nacional. Tres administraciones diferentes, la de Barak ObamaDonald Trump y ahora la de Joe Biden, han continuado con la demanda.

El periodismo de investigación, en peligro

Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras o Amnistía Internacional reclaman el cierre del caso y libertad para Assange. En una página entera del diario 'The Times' donde estaba escrito “el periodismo no es un delito”, la Federación Internacional de Periodistas afirmaba que “la libertad de los medios de comunicación está sufriendo un daño perdurable por la continua persecución de Julian Assange”. La condena del fundador de WikiLeaks amenaza a todo el periodismo de investigación y abre la puerta a que sus autores sean procesados en cualquier lugar del mundo.

Assange está acusado de tratar de acceder a los ordenadores del Pentágono y de 17 cargos de espionaje por recibir y publicar documentos clasificados. WikiLeaks vertió en internet 250.000 cables diplomáticos y casi medio millón de informes del ejército norteamericano. Los documentos incluían los nombres auténticos de personas implicadas y de múltiples fuentes confidenciales, lo que puso a los informantes en peligro.

El nuevo proceso, sea cual sea el resultado, no será último capítulo de la saga judicial que protagoniza Assange desde hace once años. Es probable que haya más apelaciones y que el contencioso termine en el Tribunal Supremo.