Los asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados podrían acabar en la Corte Penal Internacional (CPI), según el informe difundido ayer por la comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha investigado el impacto de las colonias en Palestina. Transferir directa o indirectamente población judía para establecer asentamientos en los territorios ocupados "entra en la categoría de crímenes de guerra, según las provisiones legales del artículo 8 del estatuto de la CPI", explicó la jurista francesa Christiane Chanet, presidenta de la comisión.
Según el informe, desde 1967, año en que Israel ocupó Gaza, Cisjordania y la parte oriental de Jerusalén, los gobiernos israelíes "han dirigido abiertamente, han participado y han tenido un control pleno sobre la planificación, construcción, desarrollo, consolidación y promoción de los asentamientos" en territorio palestino. Las colonias, según el informe, se crearon "para el exclusivo beneficio de los israelíes judíos" y se mantienen y desarrollan "a través de un sistema de segregación total entre los colonos y el resto de la población de los territorios ocupados, sistema respaldado y facilitado por un control militar y legal estricto en detrimento de los derechos de la población palestina".
