El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lelouche, reafirmaron ayer en Bruselas ante las comisarias de Justicia y de Interior, Viviane Reding y Cecilia Malmström, la plena legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno francés contra los campamentos ilegales de gitanos y las expulsiones de Francia de ciudadanos rumanos y búlgaros. La libre circulación de personas dentro de la Unión Europea (UE) "no es incondicional", señaló Besson tras la reunión. "Esta libertad no puede servir de pretexto para actividades ilícitas, en particular para el tráfico de seres humanos", añadió el ministro.
Besson y Lelouche rechazaron con firmeza las críticas formuladas por la Comisión Europea e insistieron en que el Gobierno francés "se ha limitado a aplicar escrupulosamente" el derecho comunitario y el nacional. Cada país europeo, subrayaron ambos, debe responsabilizarse de la integración social y económica de sus propios ciudadanos, y un Estado no puede exportar a sus socios las comunidades problemáticas, en una referencia clara a Rumanía.
