¿Debería el feminicidio llegar al Código Penal? En Europa creen que sí

Incluir el feminicidio en el Código Penal como un delito diferenciado del homicidio serviría para aumentar la concienciación social sobre la violencia machista, prevenirla y mejorar la respuesta institucional que se da a los asesinatos de mujeres. Sin embargo, los países europeos no lo recogen en sus leyes, algo en lo que América Latina lleva bastante ventaja.

En Europa, sólo en 2020, fueron asesinadas 2.700 mujeres por sus parejas o exparejas, 49 de ellas en España. Ante la magnitud de esta violencia machista extrema, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) ha elaborado un estudio sobre la respuesta que distintos países del continente dan a los crímenes de género y una de las conclusiones a las que ha llegado es que sería muy útil incluir el feminicidio como un delito propio en las legislaciones penales, diferenciarlo del feminicidio. Y tras concluirlo, recomienda a los países miembro de la UE que lo incorporen en sus leyes.

"Introducir el delito de feminicidio permitiría la identificación precoz de asesinatos potenciales, aseguraría respuestas rápidas de prevención y favorecería una investigación y un procesamiento efectivos y un castigo pertinente a los agresores", explica el EIGE en el estudio "Improving legal responses to counter femicide in the European Union: Perspectives from victims and professionals", hecho público este mes.

Pero no sólo es que el feminicidio no forme parte de los códigos penales europeos, es que tampoco se menciona en el resto de leyes. Se plantea, pues, como reto llegar a una definición común para todos los países de la Unión Europea y que ésta empiece a integrar el corpus legal de los estados.

Las investigadoras que han llevado a cabo el estudio han analizado las respuestas que España, Portugal, Alemania, Francia y Rumanía dan a los asesinatos de mujeres por el mero hecho de serlo y lo han hecho a partir de 109 entrevistas a profesionales y a víctimas (familiares de las mujeres asesinadas). El objetivo del estudio era identificar lagunas, desafíos y buenas prácticas jurídicas.

España sale bien parado: "De los cinco países analizados, España presenta el abordaje más integral a la hora de considerar que el feminicidio es el extremo de un continuum de violencia contra las mujeres. Desde 2004 se investigan, persiguen y juzgan por unidades especializadas". Aunque no haya un delito específico de feminicidio en el Código Penal, en España sí que se puede agravar el homicidio por cuestión de género y por discriminación.

Una de las investigadoras del estudio, la doctora en Sociología Paz Olaciregui, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que hablar de feminicidios es darle una entidad particular a este tipo de crimen que tiene que ver con una violencia continua, prolongada y de características muy específicas contra las mujeres.

Cuenta que el estudio hace una serie de recomendaciones tanto a la Comisión Europea como a los países que integran la UE en varias direcciones: conceptualizar a qué nos referimos cuando hablamos de feminicidio (asesinato de mujeres y niñas por el hecho de serlo) y consensuar cómo elaborar estadísticas comunes y hacer un trabajo común en las respuestas que se van a dar a esta violencia extrema.

El Instituto recomienda a la Comisión Europea que solicite a los estados miembros que mejoren sus sistemas de recogida de datos sobre feminicidios, así como otros indicadores de violencias machistas. También que, junto a los 27, mejore la respuesta coordinada a esta problemática a través de leyes, investigación y financiación.

"Lo interesante es dar una respuesta común a esta problemática", afirma Olaciregui.

Investigar potenciales feminicidios

Los y las profesionales consultados en el informe señalan que los estados fallan en la prevención de los feminicidios al ignorar o infravalorar algunos factores de riesgo, como son las amenazas o la violencia psicológica, y subrayan que esa prevención está profundamente ligada a la respuesta legal que se da a la violencia de género en todas sus formas.

En la mayoría de los estados analizados, los feminicidios se investigan como cualquier otro homicidio, sin tener en cuenta la variable del género, y son muchas las voces en el estudio que piden que todos los asesinatos de mujeres se empiecen a investigar como potenciales feminicidios (dado que el género está presente en muchos casos, pues ese abordaje mejoraría su investigación y recogida de pruebas, que deberían realizar equipos especializados. La formación de agentes policiales y actores judiciales resulta clave, según el EIGE.

Los expertos que defienden la tipificación del feminicidio identifican varias ventajas que podría tener su inclusión en los códigos penales: visibilizar el crimen, incidir en su prevención, promover el reconocimiento de la exposición de las mujeres a la violencia de género e incremento de las denuncias.

"Los hallazgos del estudio indican que raramente se menciona el feminicidio en los documentos legislativos nacionales", precisa el EIGE, que añade además que pocas veces se reconoce que estos asesinatos machistas son el último escalón de un continuum de las violencias que se perpetran contra las mujeres, la culminación de otras formas de maltrato sufridas por las víctimas.

Las muchas víctimas del feminicidio

Otra de las principales conclusiones del informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género es que existe una clara falta de compensación y reparación integral de las víctimas de esos feminicidios y, si existe, se limita a los menores huérfanos, hijos e hijas de esas mujeres asesinadas, pero no en sus padres o sus hermanos, también víctimas.

Pone de manifiesto el estudio que el apoyo emocional y psicológico que reciben es insuficiente, y lo mismo sucede con el asesoramiento legal y social.

Habla de "invisibilidad" y "abandono" de las víctimas y enfatiza que su experiencia con los sistemas judiciales y policiales suele generarles más dolor, una victimización secundaria.

Refieren las víctimas numerosas experiencias desagradables en los juicios, como tener menos tiempo para testificar que el asesino, que se les meta prisa mientras declaran o la falta de sensibilidad de algunos jueces, que dudan de ellas, las humillan o culpabilizan a las asesinadas.

Ante esta situación, se abstienen de participar en los procesos judiciales para obtener justicia y reparación. Además, las compensaciones que reciben son inexistentes o muy pequeñas, alertan de falta de información y trámites complejos para acceder a ellas.

"Esta es la gran laguna que se ha evidenciado. La compensación y la reparación son las más grandes olvidadas en las respuestas estatales. (...) Necesitamos que las oficinas de atención a la víctima tengan mirada de género y servicios especializados den un apoyo en crisis desde el momento cero, y que la burocracia para reclamar un derecho no suponga otra victimización. Todo ese proceso de apoyo y recuperación está resultando un hándicap para las víctimas", asevera la investigadora postdotoral de la Universidad de Barcelona.

El EIGE pide reforzar el marco legal de la reparación y la compensación y que se asegure que estas víctimas pueden acceder a la justicia como afectados. Además, continúa, "La Comisión debería liderar una respuesta común a la situación de menores huérfanos por feminicidio".