La Fiscalía revela dos actuaciones concretas de la Kitchen para 'salvar' a Rajoy

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra la cúpula del Ministerio del Interior encabezado encabezada por Jorge Fernández Díaz revela nada menos que dos actuaciones concretas del "ilícito operativo policial" que constituyó la operación Kitchen destinadas directamente a proteger en concreto al entonces presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy. Su nombre aparecía en los 'papeles de Bárcenas' como uno de los principales perceptores de los pagos en B del extesorero del partido Luis Bárcenas.

Los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, que reclaman hasta 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su entonces 'número dos' Francisco Martínez, aseguran que el clan policial liderado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo llevó a cabo sendas operaciones parapoliciales sin control judicial para 'salvar' a Rajoy. La primera consistió en irrumpir en un local propiedad de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y el segundo en realizar seguimientos a presos de la prisión en la que se encontraba recluido el exsenador del PP por Cantabria.

En ambos casos se pretendían destruir las grabaciones con la que amenazaba el extesorero del PP al expresidente del Gobierno, y que podrían implicar a este último en los casos Gürtel y de los papeles de Bárcenas. No obstante, el Ministerio Público especifica que en ninguno de los casos le consta la existencia de los archivos de audio que la Kitchen pretendía borrar.

Estudio de pintura

El relato de Anticorrupción apunta que primero los comisarios irrumpieron en un local en el que Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, que disponía de un estudio de pintura y restauración de muebles, en el que el extesorero del PP había trasladado diferente documentación mercantil que podía resultar incriminatoria para el Partido Popular y sus máximos dirigentes.

Y en concreto para el propio Rajoy, pues tanto la cúpula de Interior como los comisarios sospechaban que Bárcenas podía haber escondido ahí "los archivos de audio correspondientes a conversaciones mantenidas con dirigentes del Partido Popular, como su presidente Mariano Rajoy o Javier Arenas", dice el escrito de acusación, que recuerda que el propio Bárcenas apuntó que podía haber grabado las conversaciones con ambos exdirigentes de la formación conservadora.

Y para conseguir entrar en el estudio de pintura de Rosalía Iglesias, el comisario jubilado Enrique García Castaño, sirviéndose además de la información concreta que le facilitó el chófer de la familia del extesorero, Sergio Ríos Esgueva, relativa a la alarma, puertas de acceso o distribución, logró acceder al local, sin la autorización del matrimonio: "Con la intención de recabar la documentación, en cualquier soporte, incluidos archivos de audio" para que no fueran incorporados al caso Gürtel, "y de esa forma, evitar que sirviera de elemento de cargo para el Partido Popular y sus dirigentes", relatan los fiscales.

En la cárcel

La segunda operación parapolicial que pretendía 'salvar' al máximo dirigente del PP se inició a finales de 2013, cuando Bárcenas permanecía en prisión provisional en la prisión de Soto del Real (Madrid).

La cúpula de Interior tuvo conocimiento de que el extesorero del PP había contactado con un interno de la cárcel, que tenía conocimientos de informática, a quien había encargado borrar archivos de audio con conversaciones que Bárcenas decía haber mantenido con Rajoy y con Javier Arenas, entonces miembro de la dirección nacional del PP. En esas grabaciones, prosiguen los fiscales, se aludía presuntamente a fondos manejados por el Partido Popular de procedencia "ilícita". Esos audios, según la información de la que disponían los procesados, habían sido almacenados en la nube de un dispositivo electrónico.

Para cumplir el encargo el preso debía desencriptar los archivos que le habían encomendado eliminar. Y por eso Bárcenas pactó una entrega de dinero al interno, quien durante un permiso de salida tenía intención de destruir los audios de la nube: "Sin embargo, al resultar detenido el día 11 de marzo de 2014 a cuenta de una inexistente causa judicial pendiente y devuelto a la prisión de Soto del Real, no consta que el interno pudiera completar la encomienda que había recibido de Luis Bárcenas", concluyen los fiscales.

El escrito de acusación de Anticorrupción asegura, además, que la cúpula de Interior controló todos los movimientos del interno: "Desde que se inició el contacto con Luis Bárcenas en la segunda mitad del año 2013 hasta los días 10 y 11 de marzo de 2014 en que había de proceder al borrado de los archivos de audio que Luis Bárcenas decía haber grabado con las conversaciones mantenidas con Mariano Rajoy y Javier Arenas, sin que conste que llegaran a hacerse con copia de dichos archivos".