En Zamora

Unai Sordo advierte que la Junta de Castilla y León es "el hazmerreír de Europa" por las políticas de Vox

El secretario general de Comisiones Obreras lamenta la deriva "ultraideologizada y suicida" del Gobierno autonómico en materia laboral

Unai Sordo, Trini Acebes y Vicente Andrés durante la jornada de CCOO en Zamora.

Unai Sordo, Trini Acebes y Vicente Andrés durante la jornada de CCOO en Zamora. / Emilio Fraile

Luis Garrido

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha defendido que Castilla y León comienza a ser el “hazmerreír” de las administraciones públicas de España por las políticas aplicadas desde las consejerías de Vox. Una serie de medidas “ultraideologizadas y suicidas” cuya repercusión “ya está llegando a Europa” con unos resultados preocupantes. Sordo, que ha participado este miércoles en un encuentro con delegados en Zamora, ha señalado que es una “temeridad” iniciar una campaña de “inseguridad jurídica” en un territorio que necesita inversiones en el aparato productivo. “Eliminar la financiación del Serla y poner en cuestión el papel de los agentes sociales no se le ocurre ni al que asó la manteca”, ha señalado en relación con la decisión de la consejería dirigida por Mariano Veganzones.

El máximo responsable de Comisiones Obreras ha asegurado que “ni siquiera a Isabel Díaz Ayuso se le ocurre” una política similar y ha recordado que la Comunidad de Madrid acaba de pactar con la patronal y los agentes sociales el mantenimiento de los servicios de mediación. Esta medida “solo favorece la conflictividad y la judicialización”, con un consiguiente ahorro de costes. A juicio de Sordo, no existe “ningún ahorro” en dejar sin financiación al Serla. “Lo que hay es una traslación del gasto hacia los servicios de justicia, y cabe recordar que es mucho más caro hacer un juicio que hacer una mediación”, ha indicado, por lo que ha hecho un “llamamiento a la cordura” para reconducir la situación.

El secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León, Vicente Andrés, ha añadido a esta polémica que el Serla “sigue en pie, sigue abierto y seguirá funcionando porque no hay opciones jurídicas para cerrar el servicio”. En su opinión, la maniobra tiene que ver más con la “propaganda” que la parte de Vox dentro del Gobierno autonómico “está haciendo en Castilla y León para proyectar su política a nivel nacional”. El responsable sindical sí ha señalado que el Serla “puede ser que cambie de consejería” y que pase “de la parte antidemocrática del Gobierno a la parte democrática”. Si fuera así, Comisiones Obreras “no tendría inconveniente” en continuar el diálogo social con el Partido Popular en lugar de con Vox. Pero, ha insistido, “no es posible que no haya un servicio de mediación, porque la legislación laboral así lo dice”.

Andrés, pese a este llamamiento a la tranquilidad, sí que ha pedido al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que “pegue un puñetazo encima de la mesa y les diga a los consejeros radicales de la extrema derecha que lo que quieren hacer no es posible”. Eso ayudaría, a su juicio, a reconducir la política económica de Castilla y León, “que está última en los buenos indicadores y primera en los malos”. El secretario autonómico de Comisiones Obreras ha lamentado que, desde la llegada de Mañueco al Gobierno, la política laboral de Castilla y León se ha convertido en “un sinvivir” y ha recordado los avances que se produjeron con el presidente Juan Vicente Herrera en el marco del diálogo social. “Son dos modelos absolutamente distintos y el de Mañueco nos está llevando a un retroceso muy difícil de solucionar”.

Andrés ha vaticinado que el presidente Mañueco “pasará a la historia como uno de los hacedores de la destrucción del marco social” en el conjunto de Castilla y León, aunque le ha pedido que rectifique antes de que las cosas vayan a peor.

Ley del solo sí es sí

Unai Sordo ha aprovechado su visita a Zamora para lanzar un mensaje al Gobierno de España al objeto de “recuperar la cordura” en relación a la revisión de la conocida como ley del solo sí es sí. El responsable sindical ha señalado que se trata de una “ley positiva que protege mejor a las mujeres y que tiene que basarse en el consentimiento”. Al hilo de la polémica en el seno de la coalición, Sordo ha defendido que, si se trata de aumentar las penas mínimas “porque se ha generado una situación de alarma social al revisarse una serie de condenas”, que se haga “en el marco del Gobierno y de la mayoría parlamentaria”.