El exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, al que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la supuesta existencia de una caja b en el PP madrileño con la que se habrían financiado las elecciones de 2007, 2008 y 2011 ha procesado como presunto 'número dos' de la trama, ha recurrido su procesamiento por esta pieza separada de Púnica sosteniendo que los delitos que se le achacan han prescrito.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Gutiérrez combate el auto dictado el pasado 14 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, donde le procesó por un presunto delito de falsedad electoral asociado a los comicios municipales de 2011 por ser el administrador electoral de dicha campaña, al mismo tiempo que declaró prescritas las presuntas ilegalidades de 2007 y 2008.

Gutiérrez esgrime ahora que los presuntos delitos de 2011 también habrían caducado. Para ello, se agarra al razonamiento que hace el propio instructor, el cual estableció que las supuestas irregularidades en esa campaña electoral están prescritas para "todas las personas que hayan sido declaradas judicialmente investigadas con posterioridad al 24 de septiembre de 2016".

El ex dirigente popular alega que, aunque García Castellón identifica como fecha clave su comparecencia como investigado del 11 de febrero de 2016, "ello no fue así, siendo su primera imputación y declaración judicial por los posibles hechos delictivos relativos a las elecciones del año 2011 el día 13 de marzo de 2017".

La defensa argumenta que en 2016 su cliente fue llamado a declarar por un delito de blanqueo de capitales, no por el de falsedad electoral vinculado a los comicios municipales de 2011, por lo que incide que no se le imputó hasta el año siguiente.

Recursos de PSOE y Granados

Gutiérrez se suma así a los recursos formulados contra dicho auto. También impugnó su procesamiento el presunto cabecilla de la Púnica, Francisco Granados. Según él, su papel como director de campaña en dichas votaciones era "meramente testimonial", por lo que cree que debería ser exonerado como sus superiores, los ex presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Granados descargó la responsabilidad en Gutiérrez al advertir de que el juez estaría confundiendo las funciones del director de campaña con las del administrador electoral, "que es el que efectivamente gestiona todo lo que pudiera tener relación con aspectos económicos" de los comicios.

"Incluso el director de campaña está imposibilitado para desacreditar, controlar y contradecir al administrador electoral, siendo los órganos ordinarios del partido única y exclusivamente los que pueden tutelar la función del señor Beltrán como nombrado administrador", detalló.

La acusación popular del PSOE, por su parte, recurrió la decisión de García Castellón de archivar la causa para Aguirre y otros, asegurando que la investigación ha revelado la existencia de "un plan concertado" desde su llegada a la Presidencia de Madrid que buscaba "conseguir financiación extraordinaria" para el PP regional.