El debate de los Presupuestos y las exigencias de ERC para que el Gobierno reforme el delito de sedición ha llegado en el peor momento para Pedro Sánchez, que está a punto de cerrar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PP. Este jueves, unas palabras ambiguas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la tribuna del Congreso han elevado la tensión política y han obligado al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a hablar de ese delito y de la posibilidad de que el Ejecutivo reduzca las penas. Sánchez se comprometió en la investidura, en 2020, que así lo haría, para "homologarlo" a los años de cárcel que hay en otros países europeos.

Feijóo había evitado estos últimos días entrar en este asunto ante los medios de comunicación, porque las conversaciones para renovar el CGPJ, después de casi cuatro años con el mandato caducado, están en la recta final. Su número dos, la secretaria general, Cuca Gamarra, desvinculó el martes el asunto de los jueces de la sedición y no quiso echar leña al fuego. Este jueves, tras la declaración de Montero de que Sánchez cumplirá su compromiso y llevará al Congreso una iniciativa para modificar el Código Penal, todos los focos se han movido hacia el PP, para ver si se levantaba de la mesa. No ha sido así. La ministra ha aclarado en los pasillos de la Cámara baja que no hay fecha para llevar esa reforma al hemiciclo y que solo se refería a la voluntad general de Sánchez de querer reformar el delito. Y pocos minutos después, el líder de los conservadores, ha evitado dar un golpe en la mesa.

Conocedor de la aclaración de Montero, Feijóo ha reflexionado en una conferencia en Santander, a preguntas del moderador, sobre el delito de sedición y ha advertido a Sánchez: "Necesitamos saber si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o a sobrevivir como Gobierno [en la Moncloa]". Feijóo ha señalado que ve "divergencias" entre "miembros del Gobierno", en referencia a Montero, y ha reclamado al jefe del Ejecutivo que aclare qué quiere hacer. "Si podemos gobernar España, vamos a agravar las penas de sedición y rebelión. Y vamos a tipificarlos de forma precisa", ha concretado Feijóo, que ha vuelto a reclamar que se vuelva a introducir como delito la mera convocatoria de un referéndum ilegal