En medio de una mañana de fuertes turbulencias políticas, originadas después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara en el Congreso que el Gobierno hará una propuesta para reformar el delito de sedición, que se ha visto obligada a matizar más tarde, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha hecho desde Sudáfrica un llamamiento al PP, para que este tema no interfiera en al acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), que, subrayó, "está listo".

Sánchez, que se encuentra de visita oficial en este país, tras dejar atrás Kenia, se reunió este jueves en Pretoria con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y avaló así que se ha cerrado un pacto entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PPEsteban González Pons, y que está únicamente pendiente de anuncio. Una conclusión que el PP negó después.

En su comparecencia en Pretoria, el jefe del Ejecutivo trató de separar su agenda legislativa de cambios en el Código Penal para modificar las penas de la sedición, algo, que dijo, sobre "lo que se puede discrepar o no" y con la que el presidente se ha comprometido de manera personal, del "cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales". En esto "nadie puede fallar", remarcó en referencia al PP y al bloqueo de cuatro años para nombrar otro CGPJ. 

"El acuerdo está listo, está preparado, falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiestan los grupos parlamentarios", destacó. Y "el Gobierno dice sí de manera rotunda", añadió Sánchez. Pero fuentes populares matizan que estas afirmaciones "no se ajustan a la realidad". "Si bien es cierto que hay avances en las conversaciones, todavía no se ha llegado a un acuerdo", sostienen.

Como contaron fuentes conocedoras el martes a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, de los contactos entre Bolaños, y González Pons, advertían que "o sale en 48 horas o no sale", dando a entender que las conversaciones debían concluir ya con un desenlace. El propio jefe del Ejecutivo confirmaba que han sido fructíferas y el PP que están prácticamente ultimadas.

Fuentes cercanas a los populares señalan a que se ha pactado que la presidencia del Constitucional la ocupará Cándido Conde-Pumpido, aunque formalmente su elección depende de una votación posterior del propio tribunal, que elige también al vicepresidente. Se había especulado con la otra magistrada progresista, María Luisa Balaguer, del cupo de dónde debe surgir el nombre del presidente -el tercio que saldrá en la próxima renovación-, pero estas fuentes aseguran que será Conde-Pumpido.

Urías, candidato de Díaz

También desde principios de semana, en el entorno del PP y del PSOE ya se daba por seguro que no se atendería la petición de Podemos de que la juez Victoria Rosell, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, formara parte del CGPJ porque los populares exigían que no sean personas con claros vínculos políticos.

Este diario avanzó ayer en exclusiva que el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Joaquín Urías, que se presentó a las primarias de Podemos en 2015, es uno de los potenciales candidatos a ocupar un sillón en el nuevo CGPJ, tras haber obtenido el visto bueno de PP y PSOE. El aspirante, que también fue letrado del Tribunal Constitucional, disputa el puesto en el turno de juristas del órgano de los jueces, justo donde Podemos aspiraba a situar a Victoria Rosell. Urías cuenta con el aval de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.