El Gobierno se enfrenta este jueves en el Congreso a otra votación de infarto, casi tres meses después de la ruleta en la que se convirtió la reforma laboral. La tormenta política desatada por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas ha acabado por afectar a la convalidación del real decreto ley de medidas frente a la guerra en Ucrania, que incluye la subvención directa de la gasolina. Con el paso de los días, ERC ha ido endureciendo su posición y no garantiza que lo apoyará. La Moncloa desconoce en estos momentos el sentido de su voto, que hasta la semana pasada era favorable. Fuentes del Ejecutivo reconocían ayer martes a este diario que las cuentas "no salen". EH Bildu, con un diputado entre los más de 60 cargos que han sido espiados por el 'software' Pegasus a través de sus teléfonos móviles, tampoco aclara qué votará.
Incluso Unidas Podemos se ha movilizado para intentar convencer a ERC y a la formación 'abertzale', que exigen al Ejecutivo una reacción mucho más contundente que la ofrecida hasta ahora. El Gobierno ha optado por abrir una investigación interna en el CNI, lo que significa asumir implícitamente que son los autores de las escuchas, y desbloquear la comisión de secretos oficiales, algo que ya se comenzó a hacer ayer martes con una resolución de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que rebaja la mayoría para su constitución y desactiva el veto del PP a estas dos grupos independentistas.
Pero nada de esto parece valerle a los republicanos, que insisten en su reclamación de responsabilidades políticas, es decir, que se produzcan dimisiones. "Hay que hacer algo potente", señalan algunas fuentes gubernamentales. Esta exigencia ha situado al Gabinete en el abismo. Sin esperarlo, casi sin comprender a qué intereses obedece esta campaña, en la que, sostienen algunas fuentes, hay un punto de "sobreactuación". Desde el Gobierno se niega que haya existido espionaje y defiende que cualquier actuación del CNI, en relación con el referéndum ilegal del 1-O o con los disturbios en Barcelona y el resto de Catalunya en octubre de 2019 tras la sentencia del 'procés', ha contado siempre con aval judicial.
Los republicanos insisten en exigir dimisiones. Algunos en el Gobierno convienen que hay que hacer “algo potente”, pero por ahora el discurso oficial es que todo se ha hecho conforme a la ley
Por tanto, nada está asegurado. "La situación es compleja y no es fácil de gestionar", reconocen fuentes socialistas implicadas en la negociación con los grupos. El Ejecutivo y la cúpula parlamentaria que dirige Héctor Gómez están redoblando las conversaciones con los partidos, especialmente con los socios habituales, aunque conscientes de que la entrada del 'caso Pegasus' en escena ha desbaratado por completo una votación que se presumía plácida. En principio, el bipartito de PSOE (120) y Unidas Podemos (33 más la diputada Meri Pita, que marchó al Mixto) contaría con los apoyos de Más País-Compromís (3), PNV (6), PDECat (4), Partido Regionalista de Cantabria (1) y Nueva Canarias (1), lo que elevaría la suma a 169 síes.
"Gobierno en minoría"
Vox (52) y Ciudadanos (9) ya están situados en el no, como Junts (4), los dos exparlamentarios de UPN o Foro Asturias. Si ERC (13) y PP (88) votaran no pero Bildu se abstuviera, el texto estaría salvado, aunque por la mínima. Los republicanos, no obstante, no han definido aún su posición. Están a la espera de un nuevo movimiento del Ejecutivo para aclarar el presunto espionaje a los líderes independentistas, de ahí que sean claves las primeras palabras que este miércoles pronuncie Pedro Sánchez en el pleno en respuesta a su portavoz, Gabriel Rufián. El presidente, de hecho, emplazó este martes a los periodistas en el Senado a aguardar hasta la sesión de control en el Congreso para conocer su postura sobre el caso Pegasus, la que marcará un punto de inflexión. La que puede enderezar la tensísima relación con ERC o la que puede no arreglar las cosas.
Los socialistas priorizan sacar adelante el decreto con sus socios habituales. Se espera que Sánchez lance un mensaje este miércoles a ERC en la sesión de control en el Congreso
"Si hay grupos que nos han dicho que no, hay que trabajar con aquellos que muestran mayor predisposición", concluyen en la dirección del Grupo Socialista. Es decir, que en el PSOE no dan todo por perdido con ERC o con Bildu. Es más, aunque en el Ejecutivo dicen ser conscientes del enorme "enfado" de los de Pere Aragonès, creen que la interlocución con ellos no pasa por su fase más crítica, definitiva. "Sabemos desde el minuto uno que este es un Gobierno en minoría, y también hubo momentos complicados, como cuando no nos apoyaban en las prórrogas del estado de alarma", al comienzo de la pandemia, manifestaba una ministra este martes en los pasillos de la Cámara alta. Es decir, esperan que, a fin de cuentas, ERC sepa "separar" los dos planos, el caso Pegasus y el plan de choque frente a la guerra.
¿Y el PP? La portavoz primero, y después el propio Sánchez, llamaron públicamente al apoyo de los conservadores al decreto ley, emplazaron a Alberto Núñez Feijóo a demostrar con hechos que están más predispuestos al consenso. En este caso, no era solo una apelación retórica, porque no se descarta que el Gobierno logre salvar el texto gracias a la abstención de los populares. Es más, si ERC y Bildu se sitúan en el no, la postura de los conservadores será totalmente decisiva. "A día de hoy no sabemos qué va a hacer el PP", afeó el presidente a Javier Maroto, portavoz del PP en la Cámara alta, "¿qué van a hacer, van ustedes a aprobarlo o no?". No hubo respuesta.
"El PP siempre traiciona"
En el Grupo Socialista y en el Ejecutivo interpretan que "lo normal" es que Feijóo ordene la abstención de los suyos en la votación del jueves, porque tendría difícil explicar el no a medidas como la bonificación de la gasolina o las ayudas directas a los sectores más afectados por la guerra en Ucrania. Pero los dirigentes más implicados en las conversaciones insisten en que no se puede hacer "depender" la suerte del decreto en el voto del PP. "Ni idea de qué harán, el PP siempre traiciona", sentencian taxativos en la Moncloa.
El Ejecutivo no prevé incorporar propuestas de Feijóo en el decreto, con el argumento de que ofrece soluciones “del pasado” y no van en la línea de las recomendaciones de distintos organismos
Además, el Ejecutivo no quiere introducir cambios en el decreto ley porque su duración está limitada a tres meses, hasta el 30 de junio, salvo que la guerra en el este de Europa se prolongue más allá de ese horizonte temporal.
Hasta la noche de este martes, según había podido saber este diario, no se había producido ningún nuevo contacto con el PP, que sí que se encuentra a la espera de una llamada de la Moncloa. Y no ha fijado posición por mucho que en el Gobierno consideren que "no se puede permitir votar no". Cs, de hecho, ha anunciado su rechazo al decreto ley.
