La decisión de la Fiscalía española de refrendar las diligencias abiertas por Anticorrupción en relación con el contrato de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas del cobró el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha gustado a la Europea. En un comunicado señala que no se ajusta al derecho de la Unión Europea y que constituye "un desafío a su supremacía".
La Fiscalía Europea dice que "ha tomado nota" de la decisión que el pasado lunes adoptó el ministerio público español, a través de su máximo representante, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la cúpula de la carrera y que no la comparte, por lo que "continuará su investigación", extremo con el que ya se contaba en Madrid, consciente de que su resolución no afecta a la institución europea.
En su nota la Fiscalía Europea lamenta que la española desoyera su propuesta de que el conflicto de competencias fuera resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que entiende "constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE". En el decreto de la Fiscalía General recuerda que la ley fija que los conflictos sean resueltos por la cúpula nacional, como en este caso habría hecho, aunque para la europea sea "parcial en el procedimiento en curso".
En la Audiencia Nacional
De ahí que crea que la decisión de Delgado de refrendar la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se produjo sin escuchar los argumentos y supone de la europea y supone mantener dos investigaciones paralelas.
Paradójicamente, la de la Fiscalía Europea, en la que los fiscales instruyen, ya está en la Audiencia Nacional. El juez Alejandro Abascal será el encargado de velar por las garantías del procedimiento, mientras que los fiscales Luis Miguel Jiménez Crespo y Olga Muñoz Motala se encargarán de practicar diligencias penales a las órdenes de Concepción Sabadell, que representó al ministerio público en el caso Gürtel y ahora encabeza la representación española en Luxemburgo.
Las diligencias de Anticorrupción son aún preprocesales para determinar si hay indicios de delito suficientes para interponer la correspondiente querella ante el juzgado correspondiente o el Tribunal Supremo, si los apreciara contra la propia Isabel Díaz Ayuso.
Intereses nacionales
En el decreto por el que se refrendaron las pesquisas españolas, al afectar a "intereses nacionales", se apuntaba la comisión de los delitos de tráfico de influencias y falsedad documental y se negaban al menos a priori los de malversación, fraude a la Hacienda europea y cohecho. El decreto por el que la Fiscalía Europea abrió sus diligencias era por los de malversación de fondos europeos y cohecho.
Así trataba de negar que la Fiscalía, con sede en Luxemburgo y con menos de un año de existencia, al ser la competente preferentemente para investigar los delitos relacionados con posibles fraudes a los fondos europeos, tuviera que asumir todas las diligencias, como suele ser habitual para evitar duplicidades y resoluciones contradictorias.
La fiscalía española aseguró que colaborará en todo momento con la europea. Anticorrupción abrió sus diligencias el 22 de febrero tras recibir la denuncia de la oposición madrileña por el contrato de 1,5 millones de euros para la compra en China de mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa Priviet Sportive de la que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.850 euros.
El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha afirmado este miércoles que la Fiscalía Europea está "adulterando" su función con su insistencia de hacerse cargo de la investigación, a la vez que ha señalado que "ningún juez en España, con lo que hay ahora, hubiera admitido a trámite una querella por malversación de caudales públicos", informa Efe.
