El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, optó ayer por cerrar la crisis abierta con la fiscalía de Barcelona, por su negativa a presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con la convocatoria de la junta de fiscales de sala (el generalato de la carrera fiscal) que no ha sido requerida para dirimir un conflicto de este tipo desde hace más de 10 años. Torres Dulce es partidario de actuar penalmente contra Mas, mientras que la fiscalía de Barcelona "no lo considera procedente", según una nota de prensa hecha pública ayer a primera hora de la noche.
La crisis se fraguó tras las presiones recibidas desde el Gobierno y el PP que decidieron que la respuesta jurídica era la única posible ante el éxito de la consulta alternativa. La dirigente popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, abrió la espita al anunciar el pasado martes la presentación de la querella. Un aviso que fue desmentido este mismo día por el fiscal del Estado en Logroño.
Sin embargo, la crisis no se cerró, a pesar del encuentro que mantuvieron Torres Dulce y el fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, el pasado miércoles en Madrid. A partir de entonces, los acontecimientos se precipitaron cuando un grupo de fiscales de Barcelona pidió una junta para discutir si se debía presentar la querella, contra qué personas y por qué delitos.
En Madrid se apostó por actuar contra Mas y la vicepresidenta, Joana Ortega, según el borrador remitido a Barcelona por los delitos de prevaricación y desobediencia. También se barajaba incluir a dos consejeros, aunque la fiscalía del Estado aceptó, en un primer momento, sacarles de la querella.
El texto fue rechazado por los catalanes por estar plagado de errores de bulto, como las funciones de los consejeros, y por el tono agresivo.
Por este motivo, Torres Dulce dejó en manos de sus subordinados la elaboración de un dictamen sobre las acciones penales a emprender. Pero el informe quedó en segundo plano ante la reunión de los fiscales de Barcelona que empezó el pasado viernes y terminó ayer.
Romero de Tejada comunicó a sus superiores que sus subordinados habían acordado, por mayoría, que no iban a presentar la querella. Por ello, Torres Dulce les ordenó hacerlo. Un mandato que fue desatendido por la fiscalía catalana. Torres Dulce solo podía salir de esta situación con la convocatoria de la junta de fiscales de sala.
LA JUNTA En esta junta participan 27 fiscales y en la reunión, que se celebrará el miércoles, los fiscales expresarán su opinión aunque no tendrán que votar. Torres Dulce tomará después una decisión. Las opciones están abiertas porque el fiscal del Estado tiene la última palabra.
Esta actuación no paraliza la respuesta de la fiscalía, que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre el rosario de demandas que van llegando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentadas el 9-N por particulares y partidos políticos. El fiscal se opuso durante el día de la consulta a retirar las urnas de los locales de votación, pero se ha opuesto a la decisión de varios jueces en Cataluña de archivar estas demandas.
