El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dado máxima prioridad a las investigaciones sobre la presunta trama de escuchas ilegales a políticos y representantes de otras instituciones. Las informaciones contrastadas y los rumores con mayor o menor fundamento han creado un alarmismo entre los principales partidos catalanes solo comparable a los nervios que desató Pasqual Maragall cuando en el 2005 le espetó a Artur Mas que el problema de CiU era "el 3%".

Las investigaciones policiales son tan embrionarias que hoy por hoy existen más "sensaciones" que certezas, según reconocen fuentes gubernamentales. Pero el pronóstico del PP es que "habrá bastante información" para intentar averiguar hasta qué punto está justificado el pánico que recorre desde hace unos días los despachos de la Generalitat y los de la sede del PSC. En el caso del PP, una vez denunciado ante el juez y la policía el episodio del encuentro entre Alicia Sánchez-Camacho y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, ahora la polémica incluso puede beneficiarle porque, como se comprobó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los papeles de Bárcenas han pasado a un segundo plano informativo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo llegará "hasta el final" en la investigación de esta presunta trama de espionaje. "Si se confirman, son delitos muy graves. Se actuará con contundencia por parte de la policía judicial, la Fiscalía y los jueces", aseguró sin entrar en más detalles. Eso sí, añadió que, si llega a demostrarse, sus autores deberían ser "debidamente" sancionados.

Sáenz de Santamaría está en contacto con Camacho y con el ministro del Interior para mantener una coordinación permanente. Además, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dio instrucciones a su equipo para que se focalice.