El PSOE quiere saber si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, comenzará aplicándose a sí mismo el nuevo delito penal anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos. En un argumentario distribuido entre sus cuadros dirigentes, al que ha tenido acceso Efe, el PSOE emplaza al Gobierno a explicar seriamente el alcance del nuevo delito penal y si, tal y como ha pedido el presidente extremeño, José Antonio Monago, se va a hacer con carácter retroactivo.

Lo socialistas recuerdan que las leyes vigentes en España ya contemplan el castigo penal a la mala administración siempre que se incurra en alguno de los delitos ya tipificados. Al mismo tiempo, el Estado de derecho prevé la posibilidad de que se depuren responsabilidades políticas, si ha habido mala gestión, sin haber incurrido en ningún delito penal. Pero si el Gobierno quiere incluir en el Código Penal un nuevo delito que sancione con penas de cárcel la mala gestión económica en la administración será una iniciativa cuya competencia directa corresponderá al Ministerio de Justicia, del que es titular Ruiz Gallardón.

Y se preguntan los socialistas si el ex alcalde de Madrid comenzará por aplicarse a sí mismo ese nuevo delito, dado que durante su gestión como regidor madrileño multiplicó por 5 la deuda de ese ayuntamiento y lo dejó como el más endeudado de toda España, con más de 7.000 millones de deuda, lo que equivale a una cuarta parte del total del dinero que debe el conjunto de 8.000 municipios.

Además, el argumentario deja claro que no es lo mismo incurrir en déficit por mantener por ejemplo la calidad de la sanidad y la educación públicas, la dependencia o las ayudas sociales a las personas con mayores dificultades que por "organizar eventos como la Fórmula 1 o por hacer obras faraónicas que ni son imprescindibles ni suponen la prestación de servicios básicos a los ciudadanos". El PSOE, por eso, alecciona a sus dirigentes para reclamar al Gobierno una explicación seria de este anuncio y su alcance y hacer hincapié en que tipificar un nuevo delito "no es algo que pueda comunicarse a los ciudadanos como una ocurrencia".