El Tribunal Supremo se declarará competente en los próximos días para investigar al ministro de Fomento en funciones José Blanco para averiguar si percibió comisiones de un empresario de Lugo en el llamado caso Campeón . La sala penal nombrará a un juez instructor que, antes de llamar a Blanco, tendrá que pedir el correspondiente suplicatorio al Congreso, dada su condición de aforado.
La fiscalía del alto tribunal presentó ayer su preceptivo informe, del que informó en una escueta nota de prensa de dos líneas y media, por la declaración de secreto que pesa sobre esta causa. El dictamen ha sido firmado por el teniente fiscal, Juan José Martín Casallo, tras la abstención del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, por su amistad con Blanco, y contó con el visto bueno de la junta de fiscales de sala del alto tribunal.
EL INFORME En el informe, según las fuentes fiscales consultadas, se apoya la decisión de la jueza de Lugo Estela San José de remitir su investigación al Tribunal Supremo. La remisión coincidió con el día en que empezó la campaña electoral de las pasadas elecciones generales del 20N. "Sus argumentos son suficientes y se ajustan a la práctica habitual", apostillaron.
También explicaron que la magistrada incluye en su escrito "datos muy concretos" aportados por el empresario Jorge Dorribo, que acreditan que este industrial sacó "dinero de sus cuentas bancarias y de sus sociedades", aunque no se ha podido acreditar dónde fueron estos fondos. Por ello, la fiscalía es partidaria de averiguar su destino.
Dorribo ha explicado a la jueza que había realizado "dos pagos" a Blanco "en efectivo", y que el primero fue por un importe de 200.000 euros entregados en billetes de 500 euros, según consta en el escrito que la jueza San José ha remitido al Supremo. El industrial también aseguró que entregó este dinero a Blanco "para agilizar" trámites en el Ministerio de Sanidad y de Economía.
El ministro en funciones manifestó ayer "su plena confianza en la justicia" y expresó su deseo de que "se esclarezca la verdad cuanto antes". Por su parte, el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, aseguró que los socialistas siempre "confían en el buen trabajo de la justicia".
En cambio, el diputado electo del PNV Emilio Olabarría pidió al ministro que renuncie a sus cargos públicos. Y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, explicó que la dirección de su partido había acogido con "satisfacción" la decisión de la fiscalía.
