Baltasar Garzón dio ayer un paso al frente para dar mayor eco internacional a su suspensión como juez de la Audiencia Nacional. A través de un bufete británico, Garzón ha decidido presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) porque considera que el Tribunal Supremo (TS) no solo ha atentado contra su independencia como juez al reprenderle por investigar los crímenes del franquismo, sino que ha dejado "indefensas a las víctimas" de aquella dictadura.

Garzón ha tramitado su demanda a través de Interights, un bufete londinense especializado en causas sobre derechos humanos. "La normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia". Es uno de los argumentos incluidos en la demanda. Hay más. Entre ellos, algunos que inciden directamente en la tesis principal sobre la que basa el Tribunal Supremo la suspensión de Garzón.

RECORRIDO CORTO Sostiene el Supremo que el magistrado decidió de repente juzgar el franquismo pese a ser consciente del cortísimo recorrido de una causa de ese tipo, entre otras razones porque la transición zanjó supuestamente el debate sobre crímenes del franquismo. "La opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales", destaca la demanda.

En cualquier caso, Garzón se sitúa lógicamente al frente de los damnificados por la decisión del Supremo. El ex juez de la Audiencia Nacional sostiene que se le ha hurtado el derecho a ejercer sus funciones de un modo que, incluso en el caso de que al final pudiera reincorporarse a su plaza, el daño sería irreparable porque no podrá retomar las causas que investigaba. El magistrado tiene dos procesos más abiertos, uno por unos supuestos cobros por unos cursos que impartió en Nueva York y otro por el modo en que practicó algunas escuchas telefónicas en el caso Gürtel .

La decisión de Garzón avivó las llamas de una polémica que en realidad jamás se ha apagado. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por ejemplo, celebró que el caso haya llegado ya a las puertas del TEDH porque la justicia española "lleva años maltratando a las víctimas de la dictadura".

"UNA GARZONADA MAS" El PP, en cambio, calificó la iniciativa del magistrado como "una garzonada más". Lo dijo el senador del PP Agustín Conde, que expresó su sorpresa por el hecho de que el juez haya recurrido a una instancia superior "cuando el proceso judicial contra él aún no ha concluido en el país" en que que se investiga. "Lo suyo es esperar a que haya una sentencia", afirmó. El recelo con el que el PP suele examinar todos y cada uno de los pasos que da Garzón es de sobras conocido.

Y como suele ser habitual en estos casos, reaparecen los viejos enemigos. Es el caso del ex ministro José Barrionuevo, que demostró que conserva intacta su inquina hacia el magistrado por la investigación del caso GAL. Barrionuevo consideró "paradójico" que Garzón recurra al Tribunal de Estrasburgo cuando este lo condenó como "juez prevaricador".