Contra el pronóstico general, el conocido como caso Ibarretxe inició ayer mismo su camino hacia el Tribunal Supremo, al decidir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), por mayoría, que la falta de una "acusación legítima" obliga al sobreseimiento de las actuaciones. El lendakari, los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, y los cinco miembros de Batasuna procesados por el diálogo mantenido en el 2006 durante la tregua de ETA confesaron satisfacción. Pero Ibarretxe dio un paso más al pedir al Supremo que, cuando le toque ver el asunto, "no vuelva a criminalizar" el diálogo. Y es que las acusaciones populares, ejercidas por el Foro Ermua y por la asociación Dignidad y Justicia, confirmaron de inmediato su rechazo a la decisión del tribunal y la intención de recurrir el fallo ante el Supremo, aunque asumieron que este no lo resolverá antes de un año.
"El juicio no continúa, ha terminado", aclaró el presidente del tribunal, Manuel Díaz de Rábago, apenas cuatro minutos después de iniciada la vista. Y es que el centenar largo de personas presentes en la sala más amplia del Palacio de Justicia de Bilbao digerían aún con evidente pasmo las palabras recién pronunciadas por el jefe del tribunal confirmando que, tras más de dos años de instrucción y fuertes tensiones, no había causa que juzgar.
SESION METEORICA La segunda sesión del caso que ha sentado en el banquillo al lendakari y al aspirante con más opciones para relevarlo en la presidencia del Gobierno vasco por las conversaciones con Batasuna resultó meteórica y sorprendente. La mayoría de las valoraciones políticas y judiciales apuntaban a una celebración del juicio con probable sentencia absolutoria, pero que duraría buena parte de la precampaña electoral vasca.
Pero por dos votos a uno --este último, el del presidente, que anunció voto particular--, el tribunal dio la razón a las posiciones de la fiscalía y de las defensas de los dirigentes del PSE y Batasuna, que defendían la imposibilidad de mantener el juicio con la sola acusación popular.
Ibarretxe puso buena cara ante la decisión, a pesar de que, tras meses defendiendo "el sinsentido" del caso, había variado a última hora su estrategia y en las cuestiones previas expuestas el pasado jueves, pidió que se juzgase el fondo del caso, esto es, la legitimidad del diálogo político. Ayer volvió a subrayar esta cuestión en la declaración que aprobó el Gobierno vasco durante una sesión extraordinaria convocada tras conocer el fallo. Además, el Ejecutivo vasco dio un particular aviso al Supremo al reconocer su "esperanza" en que este tribunal no haga lo mismo que en el caso Atutxa, cuando decidió condenar al presidente del Parlamento a pesar de que había sido absuelto por el alto tribunal vasco. La declaración institucional aprobada por el Gabinete y leída por Ibarretxe lanzó un varapalo contra el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, que durante toda la instrucción ha defendido la continuidad de la causa y la existencia de indicios de delito.
El Gobierno vasco aseguró no reprocharle su posición como juez, sino como "representante institucional del poder judicial", y dijo que deben exigírsele responsabilidades ante la "crisis que ha generado". Tal pronunciamiento podría interferir en las intenciones de Piñeiro de optar de nuevo a la presidencia del alto tribunal vasco que debe renovarse este año.
