La tramitación de la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, que otorga a los docentes de la comunidad la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y la presunción de veracidad, sigue adelante en el Parlamento andaluz.
El texto recoge el derecho del profesorado a recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, las familias, el resto de los profesores y el resto del personal. También se reconoce su potestad y autonomía para imponer medidas correctivas y tomar las decisiones necesarias, «de manera inmediata, proporcionada y eficaz», de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa vigente.
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Para la sección de Enseñanza de CSIF Córdoba, se trata de la respuesta a una demanda histórica que significa un reconocimiento al docente como figura de autoridad pública. Explica Elena García que «nos da tranquilidad sabernos reconocidos cuando se den situaciones de agresiones tanto físicas como verbales». Entiende también que la nueva consideración tendrá carácter disuasorio ante estos posibles conflictos. «Al tratarse de autoridad pública, todas aquellas agresiones que sufra el profesorado van a estar reconocidas en el Código Penal, por lo que serán sanciones ejemplarizantes que transmitan a la sociedad esa repercusión legal».
Desde UGT, Juan Carlos Valero, manifiesta que «nos parece muy positivo que al fin se pongan en marcha políticas y campañas que pongan en valor la función docente si bien exigimos que vayan acompañadas de unas instrucciones de aplicación claras pues, como la casuística es muy variada, es necesario que estén cubiertas con protocolos que atiendan a todas las posibles situaciones que se dan en los centros y que ponen en peligro la integridad física y emocional del docente».
Francisco Cobos, responsable de Educación Pública de la sección de Educación de CCOO, señala en cambio que «esta ley, en realidad, es una medida que vende humo y no viene a solventar realmente los problemas de convivencia que se están generando en los centros escolares. En este sentido, destaca que «dotar de autoridad al profesorado no sirve de nada si primero no se dota a los centros de otros recursos preventivos para mejorar convivencia, la integración y el respeto a la diversidad».
Isabel Bernal, presidenta de Asadipre Córdoba, expone que desde esta asociación de directores de Infantil y Primaria de Andalucía, se hizo un comunicado a favor de esta ley, por otra parte, reivindicada desde hace tiempo. Según Bernal, existe una realidad que durante bastantes años ha ido deteriorando la figura del profesorado y que atiende a cuestiones de autoridad, «ya no se le tiene al docente la consideración que se le tenía antes», respeto o buen trato por parte del alumnado y la idoneidad curricular técnica, «puesta en tela de juicio por muchas familias que intervienen dando su opinión sobre la forma de dar clase de los profesores». Ante esta situación, a la que se suma el aumento de agresiones verbales y físicas, consideran desde Asadipre la idoneidad de la ley si bien «es una pena tener que llegar a esto».
