Ribera se abre a revisar el impuesto a las energéticas: “Ya no hablamos de beneficios extraordinarios”

El Gobierno se abre puerta a replantear el impuesto especial a las grandes energéticas dado el nuevo escenario de precios de la energía, aún altos, pero muy lejos de los picos y máximos históricos del año pasado en lo peor de la crisis. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado dispuesta a revisar si siguen produciéndose los beneficios extra de las compañías que el impuesto temporal buscaba moderar y, al tiempo, favorecer las grandes inversiones que las empresas han de afrontar la impulsar la transición energética.

“Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa en esa figura”, ha dicho Ribera en una entrevista con la Agencia Efe en el marco de la cumbre del clima de Dubai (COP28). “La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa", ha indicado. "Estamos analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto".

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El Gobierno aprobó en lo peor de la crisis energética un nuevo gravamen temporal del 1,2% sobre las ventas (no los beneficios) de las grandes energéticas, las que facturan más de 1.000 millones de euros al año, y que se aplicaría durante dos años. El Ejecutivo -al menos su ala socialista- se abre ahora a replantear el impuesto después de las amenazas de grandes grupos de paralizar inversiones milmillonarias si se confirmaba el compromiso recogido en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar de prorrogar el impuesto.

La más tajante en estas advertencias ha sido Repsol, la mayor petrolera española y el grupo más afectado por el impuesto, llegando a precisar que proyectos con inversiones de 1.500 millones de euros en hidrógeno verde podrían salir de España para destinarse a otros países como Portugal y Francia. Otros grandes grupos energéticos como Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy han venido reclamando una mayor estabilidad y previsibilidad regulatoria para poder afrontar las inversiones necesarias para impulsar sus planes de proyectos verdes.

Favorecer las inversiones verdes

La vicepresidenta Ribera ha apuntado que no sólo hay que identificar si se las energéticas están registrando beneficios extraordinarios en el actual contexto de moderación de los precios, sino que ha subrayado que es “imprescindible una reinversión masiva [por parte de las compañías] para la transformación del sistema energético".

Además, ha destacado Ribera, cuanto antes se logre hacer esa transición con un despliegue masivo de energías renovables, "más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía". "Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir", y "si hay un incremento importante de los beneficios de las ganancias eso requiere una reacción", pero subrayando que también hay que contemplar la manera en que las compañías “puedan asegurar que mantienen o acrecientan esa reinversión".

El acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar, que ha permitido reeditar el gobierno de coalición progresista, contempla mantener los impuestos sobre las grandes energéticas y la gran banca más allá de los dos años inicialmente previstos. “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual,.para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”, indica el texto. Un plan que ha puesto en pie de guerra a las grandes energéticas ante la posibilidad de que el gravamen extraordinario (que había sido ya recurrido por muchos de las empresas implicadas) se convirtiera en permanente.  

El aviso de Bruselas

La Comisión Europea advirtió la semana pasada en un informe sobre las medidas extraordinarias adoptadas por los estados miembros para paliar los efectos de la crisis energéticas de que había cambiado el contexto de precios que había justificado su puesta en marcha el año pasado. “Un vistazo a la evolución de los mercados de las energías fósiles muestra que la situación es muy diferente de la que existía” cuando Bruselas avaló la aplicación de medidas excepcionales en 2022.

“El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023”, apuntaba la Comisión en ese informe, “y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios de 2022".