Sector primario

El campo español mantiene el pulso y convoca movilizaciones a partir de la próxima semana

Las principales organizaciones agrarias de España (Asaja, COAG y UPA) han señalado a Bruselas como el gran culpable por primar el medioambiente a la economía del sector

Reunión del Gobierno con las organizaciones de agricultores.

Reunión del Gobierno con las organizaciones de agricultores. / EFE

Paula Blanco

Al sector primario español no le han convencido las explicaciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, ni las medidas que impulsará para hacer frente a los problemas que asolan a los agricultores y a los ganaderos del país. Por esta razón, las tres principales organizaciones agrarias de España (Asaja, COAG y UPA) han anunciado que seguirán adelante con el calendario de movilizaciones que empezarán la próxima semana "desde la cornisa Cantábrica hasta Andalucía" tras finalizar la reunión con el titular de agricultura del Gobierno. Para el campo español, Bruselas es la culpable de la "asfixia normativa" a la que se ven abocados para cumplir con los objetivos medioambientales que persigue la Política Agraria Común (PAC) y otras normativas de la Comisión Europea, como el Pacto Verde. "Solo pedimos que nos dejen trabajar como hemos hecho hasta ahora", sentenció el vicepresidente de Asaja, José Manuel Cebollada.

Luis Planas: “esas lamentables manifestaciones no solo no son ciertas. Si no que podemos vanagloriarnos de lo contrario”

Agencia ATLAS / Foto: EP

Las manifestaciones, que todavía no cuentan con un calendario concreto por comunidades autónomas, buscan presionar a las regiones. "Su duración dependerá de si tenemos medidas concretas para el sector", ha explicado al término de la reunión la vicesecretaria de UPA, Montserrat Cortiñas, puesto que "las comunidades autónomas pueden también simplificar" los trámites burocráticos. La decisión tiene lugar tres días después de enviar una carta al ministro de Agricultura instándole a resolver con soluciones inmediatas las cuestiones que más preocupan al sector, como es la simplificación de la PAC, la compensación por los daños causados por la sequía, la mejora de la Ley de Cadena Alimentaria y la mejora de las condiciones de aquellos jóvenes que quieran incorporarse al mercado laboral.

Algunas tractoradas ya han comenzado en territorio nacional, como es el caso de Zamora y Valladolid, aunque la primera fecha manejada con varias comunidades autónomas es el 6 de febrero. Una gran concentración convocada hace días para el 21 de febrero en Madrid procede de la organización agraria que no estaba representada en la reunión, Unión de Uniones, que se ha manifestado ante las puertas del ministerio con proclamas como "el campo está en la calle, no en el ministerio"." El coordinador estatal de la asociación, Luis Cortés, ha reclamado a Planas negociar también con ellos porque el resto de organizaciones, a su juicio, están "muy subvencionadas" por el MAPA.

Soluciones escasas

De todas las cuestiones a tratar, ha habido consenso entre el sector primario y el Gobierno en relación a la enorme burocracia que deben afrontar los agricultores debido a la nueva PAC. Todos ellos son conscientes de la lentitud que supone modificar aspectos en normativas europeas, pero las organizaciones han exigido al ministro que sea su interlocutor directo en Bruselas para simplificar una situación de la que ya se quejan los agricultores y ganaderos de toda la Unión Europea, tal y como se vio en la manifestación que tuvo lugar este jueves ante la puerta del Parlamento Europeo en Bruselas. Planas ha afirmado que "la sucesiva acumulación de muchas normas a nivel europeo ha producido un nivel de carga administrativa insoportable para muchos agricultores", y que, ante todo, solo apoyará aquellos cambios en la PAC "en línea" con los intereses de los agricultores españoles". Desde el Gobierno son conscientes del clima de descontento que rodea a la actitud de la Comisión Europea y la Unión Europea, "que no han sido capaces de hacer con el mundo rural lo que se ha hecho en España desde 2018" y ha prometido trabajar en conjunto con las comunidades autónomas para flexibilizar la burocracia.

Una de las medidas más polémicas que ha introducido la nueva PAC tiene que ver con los ecorregímenes, los pagos directos que se realizan a agricultores europeos para que pongan en marcha prácticas medioambientales medidas por hectáreas. El titular de Agricultura se ha vanagloriado de que el 87% del territorio nacional se acogen a estos esquemas, el equivalente a tres de cada cuatro agricultores españoles, aunque ha concedido que en las zonas más áridas del país "hay que ver cómo aplicarlo" porque "no vamos a perder un solo euro de la PAC". Al hilo de este problema, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha recordado que "uno de cada cuatro agricultores se ha quedado fuera" y se necesita una flexibilidad para el correcto cumplimiento de la PAC.

Sobre el resto de medidas, el ministro ha tendido la mano para seguir negociando con las organizaciones agrícolas, puesto que no se ha concretado ninguna de ellas. Acerca de la paralización de acuerdos de libre comercio, como Mercosur, ha explicado que la balanza comercial ha virado de ser negativa a positiva en tan solo dos décadas, si bien es necesario "que se cumplan y se respeten las cantidades pactadas". El sector primario también ha pedido una mejora de la línea de seguros agrarios destinada a la sequía, ya que el cambio climático está endureciendo sus condiciones de trabajo. "Estamos ante la tormenta perfecta con la sequía, con los precios y con esta política agraria común que prima más el medio ambiente que el agricultor y el ganadero", ha lamentado el vicepresidente de Asaja. En este sentido, Planas recordó que el apoyo público a los seguros agrarios ha crecido un 34% desde 2018, coincidiendo con los peores fenómenos meteorológicos, y la aprobación de ayudas entre 2022 y 2023 por valor de 4.000 millones de euros, de los que 1.300 millones son ayudas directas para el campo.

Asimismo, en la reunión ha salido a colación la mayor eficiencia de la Ley de la Cadena Agroalimentaria. La normativa ha sido defendida por el ministro de Agricultura, que ha avanzado una reunión en la primera quincena de febrero del Observatorio de la Cadena Alimentaria para su aplicación efectiva, pero también ha subrayado que es el modelo a seguir en Europa. "Hay que hacerla funcionar porque hoy en día en España se están pagando ciertos productos a una ridiculez que no llega a cubrir los costes de producción, pero luego están en los lineales a unos precios tremendamente abusivos", ha denunciado Padilla. También ha habido espacio para tratar las dificultades de los jóvenes de iniciar su propia andadura en el sector. "Con la entrada de fondos de inversión, se hace mucho más difícil para personas que no pertenecen al sector", ha apuntado Padilla, y ha añadido que 6 de cada 10 agricultores se van a jubilar en los próximos años.

Tomates y protestas francesas

Planas ha reiterado su condena sobre los ataques franceses a transportistas y productos españoles en la frontera franco-española: "Tales incidentes son intolerables", ha expresado. El ministro de Agricultura afirmó haber recibido ayer una carta de su homólogo francés, Didier Guillaume, que le ha transmitido sus "disculpas" por lo ocurrido estos días entre ambos países. Y también ha tenido palabras para la polémica de la semana: los tomates españoles. Para desmontar las acusaciones de Ségolène Royal sobre los "falsos" productos ecológicos de España, el ministerio ha organizado una degustación de "excelentes" tomates ecológicos españoles para los periodistas y los representantes de las asociaciones agrarias. "Con esta cata, van a poder comprobar en la práctica que esas lamentables manifestaciones (de Ségolène Royal, la exministra socialista francesa) no solo no son ciertas, sino que podemos vanagloriarnos de lo contrario", ha afirmado el ministro.