Ribera hace un guiño millonario a inversiones de las eléctricas... pero buscará evitar subidas de la luz

Las grandes eléctricas llevan años reclamando al Gobierno cambios legales para hacer posibles las inversiones milmillonarias necesarias en redes eléctricas, cuya modernización y expansión resultan imprescindibles para integrar el boom de nuevas energías renovables. El Gobierno se ha venido resistiendo a elevar la retribución que perciben las compañías por esas inversiones y que se carga en la factura eléctrica para evitar nuevas subidas, pero ahora no descarta abordar ligeros aumentos siempre que que se limite su impacto en los clientes a través del recibo de luz.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado dispuesta a “elevar algo” el límite de las inversiones en redes de transporte (que gestiona Red Eléctrica) y las de distribución (en manos fundamentalmente de grandes grupos como Iberdrola, Endesa o Naturgy) como vía para impulsar su despliegue y digitalización en plena avalancha de nuevas plantas renovables.

Durante su intervención ante decenas de empresarios en el foro Spain Investors Day (incluidos los máximos ejecutivos de Endesa, José Bogas; de Naturgy, Francisco Reynés; y de Red Eléctrica, Beatriz Corredor), Ribera ha advertido de que las compañías no deben esperar grandes mejoras de la retribución de las compañías por sus inversiones en redes y no se ha mostrado dispuesta a adelantar la próxima revisión, prevista para 2026.

En declaraciones a la prensa, en cambio, la vicepresidenta sí ha abierto la puerta a mejoras en la retribución de las compañías, condicionándolas a que no repercuta de manera drástica en el coste de la electricidad que asumen los hogares y las empresas.

“Los titulares de las redes reclaman una mayor retribución (…) Pero incrementar la retribución tendría un efecto perjudicial para los consumidores. Hay que ser cuidadosos. Y las cantidades [que se repercutan a la factura eléctrica] deben ser asumibles para el conjunto de los consumidores”, ha advertido. “La legislación actual contempla un límite en la inversión en nuevas redes para asegurar que su coste es llevadero en función de la evolución del PIB y del IPC. Creemos que probablemente ese límite pueda elevarse algo. Pero estamos intentando mantener el equilibrio” entre la necesidad de ampliar las redes y el coste que puede repercutirse en la factura.

El negocio de las redes de transporte y de distribución eléctricas es un negocio regulado, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica. Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,65% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. Las compañías, singularmente las grandes eléctricas, vienen reclamando elevar esos límites de inversión para acelerar el despliegue y modernización de sus redes y, al tiempo, elevar la retribución que perciben.

“Los titulares de las redes quieren cuanta más retribución, mejor. Y el consumidor, que la parte de su factura vinculada a esa remuneración sea lo menor posible, para que no se le vaya de precio. Ese es el equilibrio que estamos intentando mantener”, ha subrayado Ribera, que ha subrayado que España “se la juega” en los próximos cinco o siete años para desplegar nuevas redes, impulsar la transformación energética con más renovables y aprovechar al máximo la inversión.

El Gobierno ha movilizado en los últimos años fondos europeos para financiar mejoras en las redes eléctricas sin que se contabilicen como parte de los límites legales de inversión y evitando que se trasladen al consumidor a través de la factura. El Ejecutivo ha reservado 931 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para pagar parte de las obras necesarias para una ampliación de las redes y una actualización de la planificación de las infraestructuras de alta tensión, y también ha destinado 525 millones a financiar la digitalización de las redes.