La gran industria exige al Gobierno disparar hasta 650 M las ayudas para bajar su factura de luz

La gran industria lleva años reclamando al Gobierno mayores ayudas directas para reducir el impacto que tienen los altos precios de la electricidad en su rentabilidad y en su competitividad frente a sus rivales europeos. Los grandes grupos industriales se benefician cada año de un sistema de compensación de parte de los costes de las emisiones indirectas de CO2, pero las compañías consideran que en los últimos ejercicios las cantidades destinadas han sido insuficientes y ahora reclaman disparar los importes para el próximo año.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 contemplaron una partida de 244 millones de euros para estas ayudas, igualando el montante repartido el año anterior. El Gobierno pretende prorrogar los PGE de manera temporal, al menos durante unos meses, hasta que se puedan aprobar unos nuevos Presupuestos para 2024 ahora que ya arranca la nueva legislatura. Así que inicialmente la partida para compensar las emisiones indirectas de CO2 seguirá siendo de 244 millones para el próximo ejercicio, a la espera de unas nuevas cuentas públicas.

La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) asegura que este año en realidad les habría correspondido ayudas por 450 millones de euros dados los altos precios de los derechos de emisiones de CO2 y dentro de los márgenes presupuestarios que impone la UE a este tipo de ayudas. Y la patronal de los grupos industriales electrointensivos, que agrupa a una treintena de gigantes industriales como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Ferroatlántica o Tubos Reunidos, reclama al Ministerio de Industria que dispare las ayudas hasta los 650 millones en 2024, según confirma el director general de la asociación, Pedro González, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

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Según la regulación comunitaria, estas compensaciones pueden cubrir hasta un 75% de los costes indirectos por CO2 de las empresas electrointensivas y para financiar el programa puede destinarse un máximo del 25% de los ingresos de cada país por las subastas de derechos de emisión (este año España recaudará en torno a 3.500 millones de euros). AEGE considera que los actuales precios de los derechos de emisión (en el entorno de los 83 euros por tonelada de media, más del doble que antes de la pandemia) y la previsión de que sigan subiendo en los próximos años (hasta los 90 euros) justifican una revisión al alza de las ayudas españolas.

La Comisión Europea acaba de aprobar una revisión del plan de ayudas del Gobierno español para toda una década. El anterior plan contemplaba 2.900 millones de euros para compensar parte de los costes de emisiones indirectas de CO2 entre 2021 y 2030, en el nuevo programa ahora Bruselas permitirá a España destinar un máximo de 8.510 millones entre 2022 y 2031. Con estos nuevos topes presupuestarios, y dada la subida de los precios del CO2, la patronal de la gran industria electrointensiva ve justificada su reclamación de casi triplicar la partida de ayudas para el próximo año.

“Los números que se hicieron para el anterior plan de ayudas eran insuficientes. No eran consistentes con la realidad”, apunta González, que celebra la elevación de los topes del importe de las ayudas permitidas por Bruselas, pero advierte que en los anteriores años ni siquiera se han alcanzado los máximos permitidos por la UE y las ayudas repartidas por el Gobierno siempre se han quedado por debajo argumentando falta de disponibilidad presupuestaria.

“Una vez ha sido actualizada la senda de ayuda por la Comisión Europea, AEGE confía en que el Gobierno acceda a la actualización efectiva de las cantidades pendientes del actual ejercicio, así como las de ejercicios futuros, para evitar aumentar la brecha competitiva que afrontan las industrias, permitiendo así la equiparación con los competidores de países de nuestro entorno que se están beneficiando del máximo permitido en ayudas”, apunta la patronal de los electrointensivos en un comunicado esta semana.

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En paralelo, la asociación empresarial pide al Ejecutivo que prorrogue para 2024 otras medidas excepcionales adoptadas para combatir los efectos de la crisis energética y que expiran el próximo 31 de diciembre. Como parte de las medidas extraordinarias para paliar el impacto de la subida de la luz y que tienen un impacto directo para la gran industria, el Gobierno aplica una rebaja temporal del 80% de los peajes que pagan las cientos de empresas electrointensivas en su factura eléctrica y también se ha suspendido la aplicación del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica. El Ejecutivo decidirá en las próximas semanas si mantiene éstas y otras medidas del escudo social para empresas y ciudadanos frente a la subida de los precios de la energía.