El diagnóstico no ha cambiado respecto al emitido hace un año. El alto nivel de deuda pública y privada, así como la elevada tasa de paro, siguen situando a España en el grupo de países de la Eurozona -junto a Alemania, Países Bajos, Francia, Portugal, Rumanía y Suecia- que experimentan “desequilibrios macroeconómicos”. Por ello, la recomendación al Gobierno de Pedro Sánchez sigue la misma que el año pasado: mantener una política presupuestaria "prudente en 2023”, que limite el gasto corriente financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo. Con dos novedades: tener en cuenta el apoyo temporal y selectivo a hogares y empresas más vulnerables por la subida de los precios de la energía y la situación provocada por los refugiados de Ucrania.

Para el periodo más allá de 2023, España y los países con niveles elevados de deuda -como Italia o Grecia- “deberán aplicar una política fiscal encaminada a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar una reducción creíble y gradual de la deuda y la sostenibilidad fiscal a medio plazo, mediante una consolidación gradual, inversiones y reformas”, señala la Comisión Europea en el marco del procedimiento del semestre europeo, el ejercicio anual destinado a ofrecer orientaciones de política económica y fiscal a los países de la Eurozona y a evaluar los programas nacionales de reforma e inversiones.

En el caso de España el análisis identifica “lagunas respecto a los desafíos que no se abordan o se abordan solo parcialmente en el plan de recuperación y resiliencia, así como desafíos nuevos y emergentes, incluidos los que surgen de la invasión de Rusia en Ucrania”. También constata que España es uno de los 17 países que incumplen los límites de déficit y deuda pública fijados por el pacto de estabilidad y crecimiento -del 3% y del 60% respectivamente- aunque dado que las reglas están suspendidas -y que proponen mantener en suspenso hasta el menos 2024- de momento no habrá procedimientos por déficit excesivo y revaluarán la situación en otoño de este año. El objetivo es dar espacio fiscal a los gobiernos en caso de que sea necesario.

Programa de estabilidad "realista"

En todo caso, los expertos comunitarios consideran que el escenario macroeconómico en el que se basan las proyecciones presupuestarias del Programa de Estabilidad 2022 es “realista” aunque reconocen que hay una ligera diferencia entre las previsiones del Gobierno, que prevén un crecimiento del 5% en 2022 y del 3,9% en 2023, y las cifras de primavera de la Comisión, con un 4% y 3,4% respectivamente. “La disminución en 2022 refleja principalmente el fuerte crecimiento de la actividad económica, el aumento de los ingresos fiscales y la eliminación de la mayoría de las medidas de emergencia”, explica la Comisión que subraya que ambas partes coinciden en la proyección del déficit y en un ratio de deuda pública similar.

Aún así, la Comisión Europea pide a España que esté preparada para “ajustar el gasto corriente” en función de la evolución de la situación pero que al mismo tiempo amplíe las inversiones públicas para la transición verde y digital y para reforzar la seguridad energética, incluso echando mano de los fondos europeos y la financiación del programa Next Generation EU. Las nuevas recomendaciones de política fiscal también urgen a España a implementar plenamente los planes de recuperación y resiliencia, promover una economía circular, aumentar las tasas de reciclaje y potenciar la reutilización del agua así como reducir la dependencia general de los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de las energías renovables.

Para ello, España debería centrarse en instalaciones descentralizadas y más autoconsumo, agilizando los procedimientos de autorización y mejorando el acceso a la red. En este terreno, Bruselas también urge al gobierno a apoyar inversiones para mejorar el almacenamiento, la infraestructura de red, la electrificación de los edificios y el transporte, así como impulsar el hidrógeno renovable. Las recomendaciones no se olvidan tampoco de la importancia de acelerar las interconexiones energéticas, y de aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente, incluso mediante su renovación.

Desequilibrios macroeconómicos

En cuanto a los desequilibrios macroeconómicos, el informe publicado este lunes apunta también a la persistencia de una elevada deuda externa, tanto pública como privada. “La deuda privada sigue siendo más elevada que antes de la crisis de a Covid-19, y sigue superando los niveles prudentes, mientras que la elevada proporción de la deuda pública con respecto al PIB se mantiene muy por encima de su nivel anterior a la pandemia”, alertan los técnicos comunitarios que admiten que aunque los préstamos morosos siguieron disminuyendo, siguen existiendo algunos riesgos, especialmente en los sectores de gran consumo de energía y en los que anteriormente se vieron muy afectados por la crisis del coronavirus.

Además, y aunque la tasa de paro comenzó a disminuir de nuevo en 2021, “la segmentación del mercado de trabajo y el desempleo juvenil siguen siendo elevados”, aunque según el diagnóstico comunitario las reformas recientes y pasadas y la aplicación del plan de recuperación ayudarán a abordar las vulnerabilidades restantes de España.

Reforma de pensiones

Otro de los asuntos pendientes de España se refiere a la reforma de las pensiones aunque los documentos publicados no entran en polémicas y se limitan a hacerse eco de los planes del Gobierno. “Una reforma del sistema de pensiones pretende mejorar su adecuación, limitando al mismo tiempo el impacto de la demografía en la sostenibilidad fiscal. Al vincular las pensiones a los precios al consumo, se espera que la reforma apoye el poder adquisitivo”, explica la Comisión que apunta también a otras medidas en proceso de aprobación como “medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación, vincular más las cotizaciones y los derechos, reducir la brecha de género en las pensiones, cambiar los incentivos fiscales, modificar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la ampliación del periodo de referencia para el cálculo de las pensiones y un mecanismo de equidad intergeneracional”.