Una de cal y otra de arena. La Comisión Europea ha decidido aplazar «a principios de julio» su decisión sobre si abrir o no procedimiento sancionador contra España, por no adoptar medidas efectivas para corregir el desvío del déficit público en el 2015. El próximo Gobierno que salga de las urnas el 26-J ya tiene deberes por delante: tendrá un año más para corregir el derrape presupuestario pero a cambio de realizar ajustes estructurales adicionales del 0,75% durante los dos próximos años, lo que equivale a recortar gastos o subir impuestos por más de 8.000 millones de euros.

«Se ha llegado a la conclusión de que ni en términos económicos ni en términos políticos este es el momento de adoptar estas medidas», aseguraba el comisario Pierre Moscovici sobre una posible multa a España por la fuerte desviación del déficit público en el 2015 (hasta el 5% del PIB, unos 8.600 millones por encima del objetivo marcado del 4,2%) que hasta este fin de semana se daba por segura. «A principios de julio volveremos a plantearnos la cuestión», añadía.

Será entonces, cuando hayan pasado las elecciones y el referéndum del Brexit, cuando la Comisión Europea decidirá si activa el proceso sancionador, además de exigir un ajuste de 8.200 millones. El comisario explicó ayer que ante la convocatoria de elecciones generales en España el 26 de junio, no hay delante «un Gobierno capaz de adoptar las medidas necesarias», a lo que se suma la conveniencia de no restar impulsos al crecimiento económico. «Las reglas tienen que garantizar disciplina» pero «no se elaboraron para poner trabas a la recuperación económica», justificó, subrayando que este tipo de decisiones «no son fáciles de tomar» y que sea cual sea el resultado al final será criticable, «como un guante al que se puede dar la vuelta».

LA POSICIÓN ESPAÑOLA / El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, consideró «equilibrada» la decisión de la CE de aplazar a principios de julio una eventual sanción que, a su juicio, no se producirá. En declaraciones a la prensa en Barcelona, Guindos opinó que el plazo adicional de un año concedido a España para ajustar el déficit va en línea con «lo que había planteado el Gobierno español», aunque matizó que será responsabilidad del Ejecutivo que surja de las elecciones del 26 de junio.

Moscovici confirmó la decisión de la Comisión Europea de conceder un año más a España, hasta el 2017, para cumplir el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% del PIB.

También a Portugal se le ha dado un año más (en este caso, hasta el 2016). «Proponemos plazos nuevos para que puedan corregir sus déficits excesivos de una manera realista», explicó.

OBJETIVO / En concreto, Bruselas plantea un objetivo de déficit para España del 3,7% en el 2016 (una décima por encima del 3,6% que el Gobierno español había incluido en el Programa de Estabilidad 2016-2019) y del 2,5% para el 2017 (mucho más exigente que el 2,9% previsto por el Gobierno), con la obligación añadida de corregir en 0,25 y 0,5 puntos de PIB cada año el llamado déficit estructural (con medidas permanentes en el tiempo).

España ha obtenido un año menos de prórroga de la que obtuvo Francia el año pasado (dos años). La razón, según Moscovici, «es puramente técnica y económica». «En el caso de España y Portugal parece creíble que en los años previstos España pueda alcanzar un 2,5% y un 2,3% Portugal», dijo.

El retraso en la decisión sobre una posible multa a España se produce tras la intensa ofensiva diplomática puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy para esquivar el proceso que podría desembocar en una sanción máxima del 0,2% del PIB, en torno a 2.000 millones.

El presidente en funciones Mariano Rajoy lleva meses defendiendo que su Gobierno cumple con las reglas del Pacto de Estabilidad, que la economía española es de las que más crecen en la eurozona y que se ha reducido en más de cuatro puntos el déficit pero que la baja inflación ha impedido cuadrar el círculo. H