La marca española Seat, propiedad del Grupo Volkswagen, ha cifrado hoy en 700.000 los vehículos que ha comercializado en todo el mundo con el motor diésel al que se añadió un mecanismo para manipular las emisiones y ahora procederá a identificar cuáles tienen activado el software que altera los datos.
Seat, al igual que el resto de las marcas afectadas que forman parte del Grupo Volkswagen (Audi, Skoda, Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales), ha recopilado los datos sobre los propulsores EA189 que en Estados Unidos el grupo alemán ha reconocido que emiten más contaminantes de los declarados por el fabricante.
Ahora Seat debe verificar si en todos esos 700.000 motores está activado el software "malintencionado", ha explicado un portavoz de la compañía española a Efe.
El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, ha asegurado a Efe que de esos 700.000 coches, un 20 %, unos 140.000 circulan por España; y que la plantilla es "víctima de una estafa".
En conjunto, esos 700.000 vehículos representan el 6 % de los 11 millones que el grupo Volkswagen ha comercializado entre 2009 y 2015 equipados con esta familia de motores diesel (EA189).
La marca Volkswagen ha montado 5 millones de estos motores, Audi 2,1 millones y Skoda 1,2 millones, de modo que hasta 11 millones la cifra corresponde a Volkswagen Vehículos Comerciales.
Según datos recopilados por Efe, estos motores están instalados en al menos 33 modelos de las cinco marcas citadas.
Entretanto, el Grupo Volkswagen en España ha paralizado, temporalmente, hasta que exista una solución técnica al problema, la comercialización de 3.320 vehículos potencialmente afectados y en situación de excedente.
Se trata de unidades de algunos modelos aún pendientes de entrega o de comercialización fabricados hasta finales de mayo, fecha a partir de la cual las automovilísticas están obligadas a la fabricación de vehículos bajo normas de emisiones Euro6, no afectadas por la manipulación, ya que únicamente se ha producido en los vehículos bajo Euro5.
Posteriormente a esta decisión, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dicho que "todos los vehículos que tengan incorporado un motor Euro 5 diésel y que estén en stock a partir del día de ayer no pueden ser vendidos en España".
Por otro lado, el ministro ha señalado que el departamento que dirige estudia, junto con la Abogacía del Estado, el modo de reclamar a Volkswagen las ayudas del plan PIVE -que ascendían a 1.000 euros por vehículo- y de otros programas públicos si se demuestra que los coches no cumplían los requisitos exigidos.
Soria ha subrayado que los compradores han sido engañados al adquirir vehículos que consideraban eficientes, por lo que la reclamación no se dirige "en modo alguno al consumidor" sino al fabricante.
Ha avanzado que a Volkswagen le ha parecido bien devolver las ayudas públicas concedidas para los modelos dotados con motores manipulados. "Así se lo hemos anunciado", ha dicho, "y no le ha parecido mal que se le reclame"
Los planes PIVE y sus predecesores (2000E) ofrecían a los compradores de vehículos que cumplían ciertos requisitos de emisiones una ayuda de 2.000 euros, de los que 1.000 euros los aportaba el presupuesto público y el resto el fabricante.
Desde UGT Cataluña, Josep María Álvarez, ha reprochado a Soria que "se preocupe de los cuatro duros que le ha dado a Seat".
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha censurado que se haya aplazado a dentro de dos semanas una pregunta oral que los socialistas querían plantear mañana en la sesión de control para conocer cómo va a actuar el Gobierno ante el asunto.
El portavoz del grupo de Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, también ha censurado al Gobierno porque "mire para otro lado", mientras que Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico de Navarra, comunidad que alberga la fábrica del modelo Polo de Volkswagen, también ha pedido transparencia al consorcio alemán sobre el escándalo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha abierto a través de su plataforma "movilízate" una campaña de información para los afectados por el "fraude".
