La reforma laboral permite que las empresas se descuelguen del convenio colectivo por razones económicas (1.021 casos que afectan a 40.000 trabajadores, según datos del Ministerio de Empleo), pero no parece que sea suficiente para cumplir el deseo de algunas empresas de rebajar los salarios y las condiciones laborales de sus empleados.

La negociación colectiva, que se desarrolló el año pasado con un aumento de la conflictividad, ha sacado a la luz ejemplos de convenios o propuestas que han sido tachadas de obscenas por los sindicatos mayoritarios. Todos tienen como objetivo reducir indirectamente las retribuciones a base de incrementar la jornada laboral y no pagar antigüedad o las jornadas festivas.

El ejemplo más llamativo es el del convenio colectivo de grandes superficies, pactado a finales de enero por la patronal Anged y los sindicatos sectoriales Fetico y Fasga, y rechazado por CCOO y UGT. Unos 230.000 empleados no solo verán congelado su salario hasta el 2016, sino que además trabajarán 26 horas más al año, lo que supone una bajada de sus retribuciones del 1,4%.

El poco peso de las centrales de clase en el sector ha influido para que el pacto, que afecta a los trabajadores de El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Cortefiel, C&A, Alcampo, Leroy Merlin y Eroski, saliera adelante.

EXCEPCIONAL "Es un caso excepcional y singular tanto por el contenido como por la forma en que se ha negociado", asegura Rita Moreno, de la secretaría de acción sindical de CCOO, que no cree que este caso se generalice. "No hemos detectado un trasvase mimético", subraya, aunque teme que se quiera extender a las superficies medias.

Dentro de la genérica flexibilidad interna de la que habla la reforma laboral, los empresarios han encontrado fórmulas para hacer trabajar más y cobrar menos aún de lo que ya supone una congelación salarial pactada. Entre otros casos están la flexibilidad horaria mediante la ampliación de la disponibilidad de los trabajadores y la reducción de los tiempos de descanso.

La supresión de la antigüedad en las nóminas es también una vía para la reducción de costes, aunque como recuerda Moreno, "la CEOE ya desarrolló esta estrategia hace 15 años y, cuando hubo bonanza económica, las empresas se tuvieron que inventar toda clase de premios para que la gente no se fuera".

CCOO y UGT intentan en la negociación arrancar mejoras para compensar el sacrificio de los empleados, pero el margen se estrecha. Moreno afirma que tanto en la negociación de convenios como ante un expediente de regulación de empleo (ERE), las empresas presionan con la advertencia de que, de lo contrario, se llevarán la producción fuera de España. El ejemplo son las grandes multinacionales del automóvil (el reciente acuerdo en Nissan en Barcelona).

En algunos casos, la empresa no espera ni a sentarse a la mesa de negociación. En la siderúrgica asturiana Arcelor-Mittal, la segunda multinacional más importante del sector, CCOO y UGT presentarán demanda de conflicto por aplicar la jornada irregular y la rebaja de salarios antes de negociar el nuevo convenio.

Esta situación ha aumentado las demandas ante los tribunales y ya hay casos de condena a las empresas que ponen de relieve algunos abusos. Por ejemplo, en septiembre, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Aragón y anuló la rebaja salarial del 5% a los trabajadores de limpieza de 40 hospitales aragoneses porque la empresa privada les aplicó el recorte previsto para los funcionarios, escudándose en que había contratado con la Administración. El tribunal argumentó que hay que cumplir los convenios "aunque no fueran ideados en tiempos de crisis".

Recientemente, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional frenó un intento de la empresa Unipost, con más de 2.600 trabajadores, de rebajar los salarios entre el 5,49% y el 15,71% cuando dos meses antes había pactado la congelación y una mayor flexibilidad. La Audiencia rechazó la demanda de la firma contra una resolución de la comisión nacional de convenios colectivos que había vetado la alteración del convenio.