Cada comunidad autónoma deberá informar a las demás de las normas que prevé adoptar para regular el ejercicio de actividades económicas y deberá hacerlo en fase de proyecto, antes de que sean aprobadas. Así se establece en el anteproyecto de ley de unidad de mercado que ayer aprobó el Consejo de Ministros con la finalidad de asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el país.
El anteproyecto establece la creación del Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación que estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y contará con la participación de consejeros autonómicos. Su principal cometido será "racionalizar la normativa e impulsar cambios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado", según el Ministerio de Economía. Para ello, cada comunidad deberá informar a las demás de sus proyectos normativos que puedan afectar al ejercicio de actividades económicas y las demás podrán alegar si el texto es acorde o no con los principios generales de la nueva ley. El ministro Cristóbal Montoro actuará de árbitro.
RECENTRALIZACION El Gobierno ha optado por introducir este mecanismo de coordinación entre autonomías para evitar que la ley se perciba como una norma con aspiraciones recentralizadoras de competencias autonómicas. "No es una ley de armonización ni de recentralización de competencias autonómicas", afirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En la práctica, la uniformización de las normativas autonómicas empresariales se irá imponiendo por la nueva obligación de consenso que impone la ley. Economía minimizó ayer el riesgo de una competencia a la baja entre autonomías que podrían verse tentadas a reducir exigencias para atraer negocios.
"Yo pediría que se viera esto con unos ojos muy diferentes", solicitó la vicepresidenta, adelantándose a las críticas autonómicas. "La ley no dice a nadie cómo tiene que regular. La ley solo dice que si una comunidad, en el ejercicio de sus competencias, fija qué requisitos deben cumplirse para obtener una licencia con la que ejercer una actividad económica, las otras comunidades tienen que reconocer esa licencia, sin exigir ningún requisito adicional, por un principio de confianza mutua entre administraciones", afirmó Sáenz de Santamaría.
LICENCIA UNICA De hecho, la principal novedad del texto, para la vida de las empresas, es el establecimiento de los principios de licencia única y de legislación de origen. Cualquier producto o servicio producido al amparo de la normativa autonómica de origen podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámites adicionales. Una agencia de publicidad que obtenga la licencia para operar como tal en Madrid, podrá ejercer su trabajo en cualquier autonomía sin tener que registrarse en todas ni cumplir requisitos adicionales.
El proyecto de ley, sin embargo, da prioridad a la legislación de destino en cuanto a los requisitos exigibles para la prestación de servicios. Así, por ejemplo, si en Cataluña se exige que los servicios de publicidad se desarrollen en catalán, incluida la elaboración de contratos, licencias y redacción de carteles y anuncios, la agencia de publicidad deberá atenerse a legislación de destino, aunque su licencia haya sido obtenida en Madrid o en cualquier otra autonomía.
En materia utilización de las lenguas autonómicas en la actividad empresarial, la ley no introduce ningún cambio sobre el status quo actual. El Gobierno ha optado por evitar abrir un nuevo frente de conflictividad con las comunidades y se remite a la legislación de la Unión Europea y de los estatutos de autonomía en materia lingüística. La CE establece que los etiquetados de los productos deberán redactarse "al menos" en la lengua oficial del Estado miembro; los estatutos de autonomía catalán y vasco añaden la obligación de etiquetar en la lengua autonómica y esto no va a cambiar, insistió ayer el Gobierno.
El texto, además, establece el principio de no discriminación, de modo que ninguna administración autonómica o local podrá exigir a las empresas que opten a un concurso público que tengan sede en su territorio.
El borrador ha sido muy bien acogido por las organizaciones empresariales y con recelos en administraciones autonómicas y en organizaciones de consumidores.
