La Real Academia de Córdoba incorporó ayer como miembro de honor a uno de sus mejores fichajes, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Real Academia Española Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949), que tituló su discurso de ingreso Palabras de ley . Jurista de prestigio y amante de las letras, mostró su disposición a recuperar para el diccionario de la RAE multitud de palabras del lenguaje político y jurídico que, por cuestiones ajenas a la lengua, no se recogen. "La última edición del diccionario de la RAE recoge 93.000 vocablos y solo un 10% pertenecen al ámbito del Derecho", explicó el académico, "sin embargo, hemos visto que hay muchos términos que exigen una actualización y hay otros que ni siquiera aparecen". Según explicó, esas ausencias se deben a que en los siglos XIX y XX, en una España marcada por los conflictos políticos, la Academia eludió incorporar ciertos vocablos del mundo del Derecho que ahora deben recuperarse.
CATALUÑA Antes de su intervención, Muñoz Molina explicó a este periódico su visión sobre el conflicto independentista catalán. "El asunto se ha puesto muy complicado, pero la vía judicial es muy lenta y además no es muy eficaz ni definitiva", explicó en relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. "No soy partidario de un referéndum en Cataluña, pero sí de un cambio de la Constitución que revise cuestiones como la organización territorial del estado y que sí debería ser votado en un referéndum de ámbito estatal", opinó. En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno central emplee el artículo 155 de la Constitución, que prevé medidas para controlar las comunidades autónomas si no se ajustan a la ley, Muñoz Machado considera que "ya se tenía que haber hecho uso de este artículo", ya que, según recalcó, "no dice nada de que haya que recurrir a los cañones para restablecer la legalidad, existen muchas fórmulas previas", recalcó, y además, "por esta vía sería el Ejecutivo el primero en dar un paso y quien no estuviera de acuerdo tendría que recurrir a los tribunales "y no al revés".
