Firmado el convenio entre el Ayuntamiento y la Junta
Los menores infractores de La Rambla podrán cumplir las tareas impuestas por los jueces en servicios municipales
El objetivo es lograr una intervención más eficaz
![Raquel López y Jorge Jiménez firman el convenio.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/132a4263-c51f-42df-9ccc-1c83691ac948_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Raquel López y Jorge Jiménez firman el convenio. / CÓRDOBA
La Junta de Andalucía ha renovado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La Rambla para la ejecución de medidas judiciales de menores infractores en régimen de medio abierto. El acuerdo lo han firmado la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, y el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez.
Las medidas contempladas en el convenio incluyen la prestación en beneficio de la comunidad, la realización de tareas socioeducativas, la asistencia para la realización de actividades reparadoras en favor de la sociedad, el seguimiento de la permanencia de fin de semana en el domicilio familiar, así como la actuación en el entorno familiar de menores infractores que hayan de cumplir estas medidas.
Todas estas actividades podrán ser realizadas en los programas que desarrolla el Ayuntamiento de La Rambla, incluidos en las políticas sociales, culturales, deportivas, de igualdad y para la juventud, especialmente los servicios sociales comunitarios, bajo la supervisión de la Junta de Andalucía.
La delegada de Justicia ha explicado que el objetivo de la renovación de este convenio con el Ayuntamiento de La Rambla es "conseguir una intervención más eficaz con estos menores, sujetos a medidas judiciales por su conducta infractora".
La Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores establece un ámbito penal especializado para los delitos cometidos por menores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Tiene una doble finalidad, por un lado punitiva, que persigue que el menor asuma la responsabilidad por sus hechos, y por otro lado educativa, que busca erradicar la conducta delictiva y garantizar la reinserción social de los y las menores como ciudadanos de pleno derecho.
La ley establece un catálogo de medidas, que van desde aquellas que suponen la privación de la libertad por un tiempo (internamientos de distinta naturaleza) hasta otras de medio abierto, como libertad vigilada, tareas socioeducativas o trabajos en beneficio de la comunidad, entre otros.
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