La Junta de Andalucía ha corroborado este miércoles «el compromiso» con la construcción del hospital público de Lucena. En su primera visita institucional fuera de la capital, el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, se manifestó con prudencia sobre las consignaciones financieras y dijo que «espera» una cuantía, en el guion económico del 2023, cuando menos, idéntica a la consignada en el proyecto presupuestario del 2022, finalmente «tumbado» por la oposición, que alcanzaba los 210.000 euros.
La prórroga del presupuesto autonómico y las incidencias sucesivas en el soterramiento de la línea eléctrica constituyen, para Molina, impedimentos ajenos al Ejecutivo andaluz que han ralentizado la edificación de la infraestructura sanitaria. Molina expresaba su deseo de que se reflejen en las cuentas del 2023 «todas esas obras que tenemos pendientes en la provincia de Córdoba». El nuevo representante del Gobierno de Juanma Moreno auguró la entrada en vigor el próximo 1 de enero del siguiente presupuesto.
En Lucena, aparte de abundar en las inversiones descargadas en la sede judicial o en la variante hacia Rute e Iznájar, admitió «incidencias» en el servicio de ambulancias y pidió «disculpas», horas después de la aprobación unánime de una moción plenaria de apoyo a los trabajadores. Al respecto de la subrogación, uno de los puntos que mayor discordia ha originado, apuntaba que «hay que ver si había trabajadores que no tenían este derecho» y aseveró que el SAS «comprobará» el cumplimiento del contrato porque, en caso contrario, «se puede hasta rescindir» la adjudicación.
