Algo más de 9 meses después de la entrada en vigor la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica que les permite tomar decisiones sobre su propia vida, el Foro Andaluz del Bienestar Mental organizó ayer, con el apoyo de Prode entre otras entidades, en Pozoblanco unas jornadas sobre el nuevo marco legal. La ponencia marco estuvo protagonizada por Fernando Santos Urbaneja, fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba y fiscal delegado para Andalucía de la Fiscalía General del Estado para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, y por el presidente de la Fundación Prode, Blas García.
Ambos ponentes dejaron claro que esta nueva ley ha supuesto un cambio radical de cara a respetar la autonomía personal de ciudadanos con discapacidad. Urbaneja hizo hincapié en que esta legislación está destinada especialmente a personas jóvenes con discapacidad sensorial o física y roza a personas con discapacidad síquica. García señaló que es necesario que los individuos, entidades e instituciones que tengan relación con las personas con discapacidad dispongan del conocimiento necesario para actuar con arreglo a la nueva ley, que permite a estos ciudadanos hacer uso de sus derechos y les abre una puerta a la felicidad personal.
Para el fiscal, la publicación de la ley dejó en shock a los juristas porque ponía al revés el concepto de incapacitación que se había seguido hasta ahora, un procedimiento que calificó de cruel y se ha demostrado innecesario. Hoy, una vez que se ha caído en la cuenta de que esta ley tiene un sentido de dignidad y justicia para las personas discapacitadas, la aceptación está siendo grande, según dijo.
