Tras un sinfín de vicisitudes que lo han demorado cuatro años, este lunes ha dado comienzo el juicio con jurado sobre el conocido como el crimen de La Chica Carlota. La primera jornada era la más esperada, porque tenía prevista la declaración de los dos acusados de haber causado la muerte de Juan Carlos Rodríguez Borrego en septiembre del año 2017 y cuyo cuerpo fue hallado un año después (agosto del 2018) en el huerto de su casa. Los acusados son el abogado Joaquín Robles, colegiado y ejerciente en Madrid, al que se considera inductor de los hechos, y Pedro Gómez, presunto autor material del asesinato. Este segundo está en prisión desde el año 2018 y en los próximos días cumplirá el periodo máximo legal que un recluso puede estar en prisión provisional. Para ambos la acusación y el auto de apertura de juicio oral reclaman, por primera vez en Córdoba, prisión permanente revisable. La fiscalía exime al letrado del delito de asesinato.
Niegan los hechos
En sus testimonios ambos negaron los hechos y narraron los acontecimientos de forma distinta a lo que se recoge en el auto de instrucción. Joaquín Robles, abogado acusado, indicó que entró en contacto con la víctima porque ésta localizó su despacho por internet y que al requerirle sus servicios le pasó una minuta de 6.000 euros más IVA, que le abonaría en tres pagos. Sin embargo, negó conocer los hechos y solo aceptó que sugirió al otro acusado investigar las presuntas agresiones sexuales que Juan Carlos venía denunciando, tanto de miembros de la iglesia como de sus hermanos, pero insistió en señalar que solo los puso en contacto. El primer acusado explicó que ante la petición de la víctima de investigar su denuncia contactó con dos gabinetes de detectives pero que ante lo elevado del coste, optó por sugerírselo a Pedro Gómez, porque además estaba familiarizado con el mundo de la Iglesia porque era colaborador de algunas parroquias y así podía ayudar a esta persona, pero añadió ignorar que éste se hiciera pasar por cura y que utilizara otro nombre (Felipe Jiménez).
Respecto a la enfermedad mental de Juan Carlos, indicó que lo único que sabía al respecto es que le envió un informe del año 2011, pero no sabía si esa circunstancia perduraba.
Por su parte, el principal acusado, Pedro Gómez, que se negó a responder a las preguntas de la acusación, dijo que Robles no le había informado de la enfermedad de Juan Carlos, pero sí reconoció haber sacado dinero con las tarjetas de la víctima, que, según indicó, tenía previsto marcharse de España con él, pues mantenían una relación sentimental. Para ello, dijo que se fueron a Madrid y lo alojó en casa de unos conocidos. Sin embargo, indicó que Juan Carlos desapareció sin dejar rastro de dicha vivienda. Y aseguró que los útiles comprados en la ferretería eran para preparar sus enseres para el viaje, reconociendo además que se aprovechó de la circunstancia de la desaparición de Juan Carlos para sacar dinero a su nombre de dos bancos. En cuanto a la ropa de sacerdote, reconoció que al estar en busca y captura por otras causas, con esa indumentaria sería más fácil circular por todos sitios sin ser interpelado y que cambió de nombre para evitar ser identificado en caso de que les pincharan las conversaciones, pero negó haber asesinado a Juan Carlos.
Ocho hermanos
Tras los acusados, fueron llamados por el juez ocho hermanos de Juan Carlos, para seguir con los testimonios de vecinos y conocidos de víctima y acusados. Todos los hermanos coincidieron en señalar que la víctima era una buena persona, pero que la evolución de su enfermedad mental le hizo ir aislándose. Y por eso su contacto con él era escaso, algo que también les recomendó el psiquiatra. A preguntas de las abogadas de la acusación todos señalaron que en su estado era muy difícil o imposible que pudiera mantener una relación sentimental con nadie, extremo en el que insistieron las abogadas de la acusación para desmontar el testimonio de Pedro Gómez. Por su parte, la defensa también fue insistente con todos los testigos en cuanto a que el acusado siempre se daba a conocer como Pedro y no con otro nombre.
Sotanas y apartamento
Durante la sesión de tarde prestaron declaración diversos testigos, todos relacionados con el principal acusado. A todos ellos se les preguntó si conocían al otro encausado, sobre el que alguno de ellos dijo que le había sido presentado por Pedro como un amigo. Todos señalaron que desconocían la actividad de investigador del acusado y no tenían clara su profesión, aunque alguna vez trabajó como camarero. Uno de los testigos, que fue pareja del acusado, llegó a decir que Pedro G. vivía del dinero de sus padres y «del mío». Aún así, aseguró que era buena persona y que jamás lo vio vestido de cura, pero sí colaboraba con la iglesia como voluntario y monaguillo.
Estos hechos fueron corroborados por el párroco de la iglesia de María Mediadora de Madrid y que algunas veces le había dejado albas suyas para ayudarle en las homilías. Señaló el sacerdote que una vez le pidió una para que le hicieran otra unas amigas.
Precisamente una de las testigos indicó que Pedro G. le encargaba la confección de túnicas y que siempre que lo vio iba vestido de cura. Del mismo modo se expresó otra testigo que indicó ante el tribunal que le alquilaba un apartamento cuando iba a Sevilla y que ella lo conocía como «padre Pedro», porque le dijo que era abogado y llevaba un caso del Arzobispado de Sevilla.
Ayer declaró también el ferretero que le vendió las herramientas, señalando que también allí iba vestido de sacerdote y que cuando pagó con tarjeta no notó nada extraño.
Los vecinos de la Chica Carlota que declararon ayer insistieron en señalar el carácter solitario de su vecino y que durante unos días vieron un coche desconocido en la puerta de la casa de la víctima. Uno de los testigos indicó que vio a un hombre con alzacuellos entrando al domicilio.
