La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado 888.060 euros a la provincia de Córdoba para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección que operan en la Diputación y en los ocho ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes. Este año, en toda Andalucía se invertirán más de 13,7 millones.
Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2022 y el 30 de abril del 2023, según establece la Orden que ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 23 de febrero. En concreto, en Córdoba, los fondos se repartirán entre la Diputación (236.816 euros) y los ayuntamientos de Córdoba --que recibe la misma cantidad que la Diputación--, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Palma, Priego y Puente Genil, que contarán 59.204 euros cada uno.
El programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas. A estos 92 equipos se les unirá uno nuevo en Cartaya.
Para el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio López, los equipos de tratamiento familiar son una pieza clave del sistema de protección de los y las menores, y así aparece recogido en la nueva Ley de Infancia, «que apuesta de forma decidida por la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo siempre en mente de proteger a esos menores y detectar aquellas situaciones de riesgo que les amenazan».
