Hacia un desarrollo rural con conciencia urbana

El medio rural es, como casi todo, un producto social, político y económico. Es un hecho inmemorial que siempre ha sido objeto de la imaginación humana, tanto para modelar sus hábitats como, especialmente, aprovechar sus recursos. Sin embargo, no fue hasta fines del siglo XX cuando nuestra sociedad descubrió «el mundo rural», algo que se debió curiosamente al hecho de que, sin apenas darse cuenta, se había convertido en Humus Urbānus. 

En el tiempo precedente se experimentó un progresivo éxodo rural del campo a la ciudad con el fin de proveer de mano de obra a la industria y sus servicios, garantizando así el nuevo modelo económico mundial. Un proceso que en España no llegó hasta los años setenta, como muestra el Censo de Población y Vivienda. En nuestro país, los municipios de menos de 10.000 habitantes representaban el 42% de la población en 1960, el doble que en el 2020. Por contra, las ciudades de más de 100.000 habitantes acogían en 1960 el 27% de la población, toda vez que en el 2020 lo hacían el 40%. En suma, cada vez más la población vive concentrada en los grandes núcleos.

Sin embargo, el medio rural sigue teniendo un enorme protagonismo en la agenda política y en nuestro modelo económico. Algo que encuentra su origen en 1988, cuando la Comisión Europea elaboró en el seno de la PAC el conocido documento El Futuro del Mundo Rural, en el cual diseñó el horizonte de una nueva realidad para este medio.

En aquella coyuntura existían importantes fricciones en el seno de la Comisión en torno al gasto agrícola, a la vez que se daba un cambio en la opinión pública sobre la funcionalidad de este medio.

La conocida iniciativa comunitaria de desarrollo rural Leader, implementada desde 1991 en toda Europa —con especial impacto en Andalucía— fue el motor para el impulso de este cambio de modelo político, social y económico del medio rural, a través de los conocidos Grupos de Desarrollo Rural (GDR). El Leader, junto a un amplio y variado conjunto de medidas interdependientes, como las políticas de protección y conservación de los espacios naturales, las actuaciones para la promoción del turismo rural y de recuperación del patrimonio histórico y cultural, las acciones relacionadas con la agricultura ecológica, la artesanía y los productos locales, ha ido tejiendo una nueva realidad en este medio. Todo ello por mor de la pretendida diversificación de la actividad económica, dinamización social y fijación de la población al territorio y un mayor equilibrio territorial, a la que se aspiraba desde la Comisión Europea. 

Sin embargo, ante el cada vez mayor despoblamiento rural y la evidente concentración residencial en las grandes ciudades, la población urbana reclama un mayor protagonismo en las decisiones que se adoptan en la ordenación sobre los usos y la gestión de los recursos del medio rural; algo que se ha subrayado tras la crisis del coronavirus. Y es que no hemos de perder de vista que, en la actualidad, no puede decirse que las áreas rurales se encuentren dibujadas solo por agricultores y ganaderos, sino más bien por un amplio elenco de agentes sociales y económicos que nada tiene que ver con las actividades tradicionales. Desde los gestores de espacios naturales protegidos, agentes de desarrollo local, pasando por los emprendedores en el sector de las energías renovables, la agricultura ecológica y los empresarios del sector turístico hasta los turistas y deportistas que visitan este medio, todos forman parte de una realidad sociológica desdibujada de la estructura tradicional de la sociedad rural.

Crisis de gobernanza

Esta nueva realidad es hoy origen de una silenciosa, pero profunda, conflictividad y, con ello, de una crisis de gobernanza. El eje de las tensiones no es solo material, sino también simbólico, es decir, no radica solo en los usos, sino además en el valor atribuido a los recursos. Y, por más que se materialice en las áreas rurales, se articula en el medio urbano, pues cada vez más los actores que luchan por la preservación y conservación de los ecosistemas naturales y el patrimonio cultural, que demandan modelos productivos sostenibles de agricultura y ganadería —y con ello de seguridad alimentaria— y que reivindican una mejor gestión de los recursos hídricos, entre otras múltiples motivaciones, residen en la ciudad y no en el campo.

Esto significa que el modelo del desarrollo rural que se implementó en 1988 a través del Leader ya no es válido. Tres décadas después de que se pusieran en marcha las políticas de desarrollo rural en Europa, estas ya no dan respuesta clara ni efectiva a las necesidades y funciones que se reclaman en la actualidad para con el medio rural y, por tanto, requiere revisarse desde una nueva lógica de gobernanza que supere las fronteras físicas de lo rural, en suma, que integre las expectativas, los valores y los intereses de la población urbana como agente activo del desarrollo rural.