La parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, ha explicado a través de una nota de prensa, que tras la denuncia pública de Ecologistas en Acción han registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para conocer la “intención” del gobierno andaluz ante la solicitud de información de una empresa para dos proyectos de explotación de calizas junto a la sierra de Rute, uno de ellos dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas y el otro, en los límites del mismo, en concreto en el paraje de Los Chopos. "Desde Unidas Podemos por Andalucía queremos conocer de primera mano tanto los proyectos como cuáles son las intenciones del gobierno andaluz sobre la propuesta de esta empresa, que entendemos podría significar un paso atrás y un peligro para nuestro patrimonio natural y para nuestra fauna y, adelantamos, que estaremos muy vigilantes para que dicho Parque Natural no se vea afectado lo más mínimo" aseguran. Cabe recordar que ya en 2004 la Junta de Andalucía, a través del diagnóstico realizado en los planes de ordenación y de gestión, señaló que la explotación de canteras en el parque natural y la alta erosión de los suelos eran dos de los riesgos ambientales más importantes de las Sierras Subbéticas, resaltando, en el caso de las canteras, que producen una pérdida de calidad paisajística, además de provocar la destrucción de la geomorfología. También reseñaba ese diagnóstico, con respecto a la fauna presente, que se caracterizaba por ser numerosa y de gran riqueza pero que los procesos de deforestación y la fragmentación de las hábitats estaban provocado que especies como el gato montés o la cabra montés estuvieran amenazadas o extinguidas, en el caso de esta última especie.
Yacimiento de la Viñuela
Sobre la protección de la fauna, del patrimonio natural y también del patrimonio arqueológico, la parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía quiso recordar que llevarán al Parlamento la denuncia pública que hizo, a principios de agosto, Ignacio Muñiz, arqueólogo municipal de Almedinilla, en la que pone de manifiesto la destrucción, por parte del propietario de una finca, de un recinto fortificado de época ibérica, en concreto del siglo I antes de nuestra era común. Un bien que “tiene la máxima protección” y que en este caso está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), cuya destrucción está calificada como “muy grave” y supone un “delito penal", según la Ley de Patrimonio andaluz, que en su artículo 14 recoge que es el propietario quien tiene que “conservarlo y mantenerlo y permitir las visitas públicas”. Asimismo adelantaban la intención de denunciar esta acción ante la Junta de Andalucía, que es la “competente”, según la Ley de Patrimonio andaluz, de salvaguardar en última instancia este yacimiento y "vamos a pedir a la consejera, Patricia del Pozo, que haga cumplir la Ley y, también, que ponga en marcha la actuación arqueológica urgente, tal y como está pidiendo el arqueólogo municipal, con la que finalizar el estudio de los restos que no han sido destruidos, tales como fragmentos cerámicos o de ánforas, así como la posible restitución del muro que cerraba el recinto fortificado".
